Colectivos leoneses llevan denunciando errores en los libros de texto desde 1996

Un año más, y van... Desde 1996, cuando Plataforma Pro Identidad Leonesa estaba presidida por Máximo Soto, los gobiernos nacional y autonómico han venido recibiendo puntualmente denuncias relacionadas con la ocultación, la manipulación y el oscurecimiento de la historia y la identidad regional leonesa en los libros de texto de Primaria y Secundaria. A pesar de que en varias ocasiones la Junta, a través de su Consejería de Educación, respondió asegurando que tomaría medidas tendentes a evitar tales imprecisiones, en realidad, y tal y como ha venido informado durante las últimas semanas Diario de León, el resultado está a la vista: los libros de texto no sólo no se han rectificado sino que además incluyen aspectos nunca antes vistos, como información sobre el regionalismo castellano y hasta publicidad explícita de un gran centro comercial vallisoletano. Incluso en el 2001 la Consejería de Educación se comprometió por escrito a, textualmente, «transmitir a la comisión de expertos constituida para elaborar el currículo de la ESO y Bachillerato que ponga especial énfasis en la terminología empleada, de manera que esté en consonancia con lo recogido en el Acuerdo por la Identidad Leonesa». Este último texto fue suscrito por PP, PSOE y UPL y velaba por el uso correcto de los términos «leonés» y «castellano» y la justicia en la educación de la historia de cada una de estas dos regiones. «Ni fuimos, ni somos» Ayer, siete representantes de la citada asociación y de Pro Monumenta volvieron a la sede del Procurador del Común para presentar una nueva queja sobre este particular. La institución les había dado cita para el viernes, día en que Javier Amoedo no recibe a ningún colectivo, así que fueron escuchados por una de las asesoras jurídicas del Procurador, Carmen Morán. La queja está dirigida contra la Consejería de Educación y Cultura, en particular, contra la Dirección General de Planificación y Orientación Educativa, la Comisión de Expertos para el desarrollo curricular y la Dirección General de Coordinación, Inspección y Programación. Entre los hechos denunciados, ya conocidos, están «el uso fraudulento e ilegal de los libros de texto como espacios publicitarios para insertar anuncios de centros comerciales y entidades financieras» o «afirmaciones contrarias al estatuto de autonomía. La más grave es la que engaña a los estudiantes asegurándoles que Valladolid es, a la vez, la capital de su provincia y de la comunidad de Castilla y León». Hasta ahora ninguna ley avala esa última capitalidad. Después de estas precisiones vienen explicitados numerosos errores e inexactitudes, de los que quizá los más persistentes sean el retrotraimiento de la actual comunidad hasta épocas prehistóricas, el resumen del reino de León en unas pocas líneas y el ocultamiento del hecho irrefutable de que «desde el siglo XV, León y Castilla la Vieja son dos regiones españolas que se unieron por primera vez en 1983». Tras la reunión, Agustín Suárez, presidente de Pro Monumenta, criticó al comité de expertos por «no desempeñar su labor» y calificó de «intolerable» la voluntad de la Junta de intentar hacer ver «que no fuimos, ni somos, ni seremos».