El Gobierno invoca derechos del Estado en el expolio del Odyssey

El Gobierno «ejercerá los derechos del Estado, tal y como corresponde», para averiguar si la empresa estadounidense Odyssey cometió un delito de expolio al hacerse con un tesoro submarino valorado en 370 millones de euros, anunció ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. La portavoz del Ejecutivo recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Guardia Civil ha abierto una investigación y afirmó que, «una vez que se estudie el asunto y se tengan todos los datos, se tomarán las decisiones legales pertinentes». «Estamos sobre el asunto», afirmó Fernández de la Vega, quien recordó que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció el pasado miércoles que el Gobierno ha pedido a Estados Unidos y al Reino Unido información sobre el vuelo entre Gibraltar y Tampa (Florida, EE.UU.) en el que la empresa Odyssey trasladó el botín hallado en un barco hundido. Fuentes de Cultura indicaron que el Gobierno está a la espera de recibir una respuesta a su petición. Esta solicitud fue realizada ante el silencio con el que Odyssey respondió cuando el ministerio le reclamó información sobre la ubicación exacta del buque en el que se halló el tesoro, el nombre, la bandera y el contenido del pecio. La compañía norteamericana, que desde mediados de los años noventa efectúa la búsqueda de un buque inglés hundido en 1694 frente a Gibraltar anunció la pasada semana en Florida el hallazgo en un punto no revelado del Atlántico de un galeón. La información «poco clara, escasa y sospechosa» que Odyssey proporcionó sobre el hallazgo llevó al Ministerio de Cultura a reclamar datos más precisos, ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de expolio.