La ley obliga a la Junta a paralizar el futuro edificio adosado a la muralla

La ley faculta -cuando no obliga- a la Comisión de Patrimonio de la Junta a prohibir la obra que pretende ponerse en marcha en la muralla romana de León. Es más, es la administración autonómica la responsable, la que debe decidir qué obras deben paralizarse y a cuáles puede dar luz verde. Así lo han manifestado a Diario de León los expertos consultados y así se recoge en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. En ella se especifica de manera clara que el uso de los bienes declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores y se subraya que cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la consejería. El artículo 36 de la citada ley explica que cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado BIC habrá de ser autorizada por la Junta con carácter previo a la concesión de la licencia municipal. Es decir, la Comisión de Patrimonio podría impedir la aprobación de la licencia municipal, en el caso de que llegara el caso y no limitarse, como ayer manifestaba el delegado de la Junta, a establecer modificaciones puntuales al proyecto de edificación. Si bien con diferente dirección, la Junta ya ha llevado la contraria al Ayuntamiento en lo que a protección patrimonial se refiere. Es el caso de los polémicos Principia. La Comisión de Patrimonio resolvió enterrar y construir sobre los vestigios del cuartel general de la Legio VII -es cierto que aún no se han declarado BIC- aún con la opinión contraria del Ayuntamiento. Pero hay más casos que demuestran que la Comisión de Patrimonio es la última responsable de las obras que afectan a los tesoros del patrimonio. Sin ir más lejos, hace cuatro años la Junta prohibió una construcción frente al acueducto de Segovia que había obtenido licencia municipal. Silencio de los políticos En cualquier caso, resulta al menos extraño que el Ayuntamiento no haya puesto trabas a esta obra cuando hace menos de dos años anunciaba que se liberaría toda la muralla a través de una operación de venta de suelo público. En cristiano: la operación defendía expropiar las viviendas construidas al amparo de la muralla a través de la venta de propiedades municipales. ¿Hacer en la calle Carreras o en la Era del Moro para deshacer mientras en Ruiz de Salazar? Pocas han sido las voces que han salido en defensa del patrimonio leonés. Y, desde luego, ninguna de ellas corresponde a los políticos. Desde el equipo de gobierno no se ha realizado ningún tipo de aclaración desde ayer. En el caso de los concejales populares, Arancha Miguélez manifestaba ayer que la edil adecuada para salir al paso era María José Alonso, pero al tiempo aseguraba que resultaba precipitado realizar cualquier tipo de declaración. Tampoco quiso entrar en polémicas el responsable del Plan Director de la Muralla, Melquiades Ranilla. «No quiero hacer declaraciones hasta dar una solución integral en las conclusiones del proyecto», decía ayer. El problema es que, en caso de que la obra se acometa, el plan perderá su integralidad. El único que ayer mostró su indignación fue el arqueólogo y profesor de la Complutense Ángel Morillo. ¿A qué jugamos? se preguntaba el experto, que calificaba la actuación de ambas administraciones de «dislate». El profesor exige a la Junta que respete las obligaciones que marca la ley y cumpla su función de conservar y preservar el patrimonio «de todos». «La Junta no debe esconderse porque, aunque diga lo contrario, tiene las competencias para parar la obra», aseguró.