La Comisión de Patrimonio aprueba extraer las lápidas de la muralla romana
efe | león
Las numerosas lápidas romanas halladas recientemente incrustadas en las murallas de León deberán ser retiradas de su ubicación actual, para su estudio y conservación, según se acordó ayer en la reunión mensual de la Comisión Territorial de Patrimonio. La Comisión Técnica estima que los elementos arqueológicos hallados deberían extraerse del lugar, reconstruyendo la muralla con una piedra adecuada que garantice el mantenimiento de su imagen y conservación.
Las murallas de León se han revelado como un yacimiento arqueológico de extraordinario valor, realzado por el descubrimiento, en las semanas pasadas, de más de una veintena de lápidas y aras, en la intersección de una de las «cortinas» del muro con el cubo dos del lienzo Este del monumento romano.
La muralla es de finales del siglo III o comienzos del IV y se levantó con piedras de diversa procedencia, como granitos, cuarcita y «opus cementicium». Tiene un grosor de cinco metros y diez de altura y conserva 36 cubos, prácticamente la mitad de los que tuvo originalmente, a lo largo de un perímetro cercano a los dos mil metros.
Las lápidas funerarias han sido encontradas en el denominado cubo número dos, donde desde el pasado 17 de noviembre la empresa especializada Decolesa está realizando labores de restauración de dos cubos y las correspondientes cortinas de la muralla. Entre las piezas, las hay de diferentes tipos, tamaños y formas, algunas de notable rareza, como una gran estela de 2,15 metros de altura y decorada con arcos de herradura, aparentemente en buen estado de conservación.
Al Museo de León
Un portavoz de la Comisión explicó tras la reunión que una vez que se extraigan las piezas de la muralla romana, éstas deberían ir al Museo de León. «Luego -”indicó-” habrá que ver qué se hace con ellas en función de su estado de conservación, que ahora se desconoce, porque siguen embutidas en el muro y algunas parecen rotas». «La decisión -”añadió-” será comunicada en breve a las partes interesadas: la empresa, el equipo de arqueología que controla el trabajo, el Ayuntamiento donde se produce el hallazgo y el Ministerio de Cultura, que es quien financia la obra.