fútbol. segunda división b
Pago de 50.000 euros a la Tesorería
La Cultural trata de desbloquear la citada cantidad consignada por embargo en el Juzgado de León para hacer frente al primer pago de la deuda con la Seguridad Social que asciende a 371.000 euros

Emilio Guereñu, a la izquierda, durante la aprobación del convenio de acreedores.
La Cultural trata de avanzar en un acuerdo con la Seguridad Social para hacer frente al pago de la deuda de crédito privilegiado que asciende a 371.000 euros (casi 62 millones de pesetas). «El Juzgado nos dará la razón si progresamos en un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social. Hay una cantidad de 50.000 euros (algo más de ocho millones de pesetas) consignada en el Juzgado de León como consecuencia de los embargos ejecutados a la sociedad deportiva. Si conseguimos que el Juzgado nos deje disponer de ese dinero, irá destinado en su integridad a realizar el primer pago fuerte a la Seguridad Social. La voluntad de la Cultural es pagar la deuda, pero en unos plazos acordados previamente», indica Israel Álvarez Canal, de la consultura jurídica que defiende los intereses de la Cultural.
La sociedad deportiva quiere cumplir con los pagos antes de que pueda darse la situación de liquidación de la sociedad deportiva.
La decisión sobre el aplazamiento de la deuda contraída con la Tesorería depende únicamente de la voluntad del propio ente administrativo para aceptarlo, al tratarse de un crédito de privilegio especial. Nadie puede obligar a la Seguridad Social a que dicho fraccionamiento se lleve a cabo, sino que la Cultural tiene, en este caso por medio de sus juristas, que aceptar lo que pueda resultar de esta negociación, si es que finalmente se produce.
Canal, que defiende los intereses de la Cultural, contesta a la solicitud de apertura de la fase de liquidación realizada por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que pretende un acuerdo para pagar en plazos la deuda de 371.000 euros (casi 62 millones de pesetas) del crédito privilegiado contra la masa que la sociedad deportiva tiene pendiente con el órgano administrativo.
Dicha solicitud conlleva un procedimiento judicial que debe finalizar con una sentencia que decidirá sobre tal cuestión, y que deberá dictar el juez de lo Mercantil de León. El gabinete jurírido de la sociedad deportiva no quiere esperar a que el juez falle, sino negociar un acuerdo anterior a la sentencia. La negociación de la consultora Álvarez Canal es paralela al procedimiento judicial. El juez nunca entrará a valorar si el crédito se debe aplazar o no.