Amenaza de embargo a la Cultural

Los dos empleados de las oficinas de la Cultural, los dos ex trabajadores que prestaron servicios administrativos a la sociedad deportiva hasta los días 3 y 11 de enero respectivamente y los dos utilleros del club demandaron la ejecución de la sentencia, ante el Juzgado de lo Social, que ordena el pago de las siete nóminas adeudadas, cuya cantidad asciende a 50.000 euros. Tras producirse el fallo judicial en los primeros días del mes de diciembre, los trabajadores no han percibido todavía ninguna cantidad por parte de la entidad culturalista.

Los trabajadores y ex empleados de la Cultural ya han solicitado la ejecución del fallo judicial y en caso de que la sociedad deportiva siga sin abonar los 50.000 euros ordenados en la sentencia, los operarios del club leonés ya expusieron en el Juzgado de lo Social la relación de bienes que podrían ser objeto de embargo. El dinero procedente de las taquillas, de la venta del material deportivo del club y de la publicidad son las tres vías principales de ingresos enumeradas para su bloqueo y así cumplir con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.

La deuda con los cuatro trabajadores y los dos ex empleados proviene de la temporada 2010/2011, cuando el anterior consejo de administración no abonó las últimas siete nóminas de la temporada a los empleados considerados ‘fijos’ de la entidad, como eran los trabajadores de las oficinas (dos ya despedidos y a falta de llegar a un acuerdo en las indemnizaciones), además de los dos utilleros que se ocupan de mantener en perfecto estado los útiles de trabajo a toda la plantilla que conforma el equipo culturalista.

El Juzgado de lo Social de León ordenará la ejecución del fallo judicial para que se realice el pago a los seis demandantes, después de que no se haya llegado a un acuerdo entre los que rigen en estos momentos los destinos de la Cultural y los citados empleados del club.

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD, por su parte, negoció con los citados trabajadores la posibilidad de abonar los 50.000 euros en un plazo de 14 meses, pero a la postre no se llegó a un acuerdo entre las dos partes.