El ‘caso Neymar’ atrapa a Bartomeu

Bomba judicial contra el Fútbol Club Barcelona. De nuevo por la fraudulenta contratación del delantero brasileño Neymar da Silva Santos. Primero fue el expresidente a Sandro Rosell quien dimitió tras confirmarse su imputación. Después el dedo acusador del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso, apuntó al Barça como persona jurídica. Y ayer lunes la Fiscalía dio un paso más y pidió la imputación por un delito fiscal al sucesor de Rosell en el cargo, Josep Maria Bartomeu, quien ya había mostrado su disposición a presentarse a las elecciones presidenciales adelantadas a final de temporada por la grave crisis institucional que vive el club.

El fiscal Jose Perals solicitó la imputación de Bartomeu por un delito fiscal en la contratación de Neymar. En concreto, le acusó de defraudar 2,84 millones de euros a la Hacienda Pública en el ejercicio 2014, en el que ya era presidente de la entidad culé tras la dimisión de Rosell el 23 de enero de 2014. Por este motivo y el hecho de que con anterioridad fuera vicepresidente, el fiscal reclamó al juez Ruz abrir una pieza separada tanto a Bartomeu como al Barça por estos nuevos indicios de fraude. Mientras tanto, en la causa principal el fiscal Perals solicita transformar en procedimiento abreviado el procedimiento contra el expresidente Sandro Rosell y el Fútbol Club Barcelona por dos delitos fiscales en los ejercicios 2011 y 2013 y otro societario, en el caso de Rosell. Este acusación supone que el exdirigente culé y representante de multinacionales deportivas engañó al fisco de forma consciente para pagar menos impuestos en la contratación de Neymar, cuyo coste final se estima en 94,9 millones, los 82,7 que ya ha pagado el club y los 12,1 en impuestos no abonados.

El fiscal relata que el presunto fraude a las arcas públicas por esta operación, los citados 12,1 millones, se dividen en 2,4 millones en 2011 y 6,9 en 2013, que el Barça habría dejado de pagar en concepto de Renta de los No Residentes, cuando el futbolista aún no vivía en España, y los 2,8 millones del ejercicio 2014 que afecta a Bartomeu. Simulación y perjuicio Asimismo, destaca en su informe que las cifras reales del fichaje «fueron ocultadas por el presidente del club y no se incluyeron en las cuentas anuales de la sociedad, que fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada el 5 de octubre de 2013». Con esta actuación, añadió, Rosell ocasionó «un perjuicio económico al club» al no incluir en la contabilidad «las cantidades reales de adquisición del jugador» y simular «operaciones que no tenían como base una relación mercantil real». Esta simulación consistió en «fragmentar» el pago del fichaje «en diversas partidas con diversos objetos y denominaciones que, sin embargo, tenían una misma causa, el fichaje de Neymar Jr.». Para ello, firmó cuatro contratos con el Santos brasileño, su club de origen, y siete con el futbolista, con su padre y representante y las sociedades pertenecientes a éste.

Rosell llevó a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista, que tenía contrato con el Santos hasta 2014, y adelantar su llegada al verano de 2013. Para adquirir sus derechos federativos tuvo que adelantar 17,1 millones, pagar otros 7,9 por un convenio de colaboración con el fútbol base del Santos y 4,5 millones más como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado y la participación del Santos en el Trofeo Joan Gamper. Además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en la que se comprometían a abonar otros dos millones si Neymar era elegido entre los tres finalistas al mejor jugador de la FIFA.

La investigación contra Rosell y el Barça podría solventarse a través de una sentencia de conformidad, una vez que los acusados reconozcan los delitos que se les imputan y admitan la pena solicitada por la Fiscalía, lo que evitaría la celebración del juicio oral, según aseguraron fuentes fiscales.

El pasado 23 de febrero la Junta Directiva del Barcelona acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de «saldar cualquier posible deuda» derivada de esta operación. Sin embargo, esta suma aún no se ha sustanciado en la causa judicial.