Propósito de diálogo en la pesca

P. VIZCAY | data

Tanto en medios cinegéticos como y muy especialmente los relacionados con la pesca deportiva se esperaba con impaciencia la formación de un nuevo gobierno que abordase de una vez por todas la modificación de la Ley de Patrimonio Natural. La prolongación durante casi un año del gobierno en funciones ha coincidido con la sentencia del supremo sobre determinadas especies catalogadas como invasoras y más concretamente sobre la trucha arco iris, la carpa y el cangrejo rojo. Las asociaciones de pescadores, en su inmensa mayoría, se habían pronunciado sobre el tema que, en determinadas comunidades autónomas, habría significado un auténtico desastre tanto para la pesca deportiva como para la economía del medio rural. La manifestación del colectivo de pescadores, cazadores y piscicultores, celebrada en Madrid antes de las elecciones, y a la que apenas se dio eco en los medios audiovisuales, había logrado congregar a más de cien mil personas llegadas de todos los puntos de España. Ahora, con el nuevo gobierno, parece haber llegado el momento de coger el toro por los cuernos y afrontar la necesaria modificación de la Ley.

Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Supremo, que incluía al cangrejo rojo, la trucha arco iris y la carpa entre otras especies en el catálogo, prohibía criar, comercializar y pescar dichas especies. Pero nadie entendía que podría pasar entonces ni que métodos se emplearían para eliminar dichas especies de nuestras aguas, si es que se puede y no conlleva un desastre ecológico mucho mayor. Se trataba de especies absolutamente populares alguna de las cuales, como la carpa, ya fueron introducidas en la época de los romanos y otras, como la trucha arco iris, que constituyen una importante industria y que convierte a España en el cuarto productor europeo. Sin olvidarnos del cangrejo rojo, absolutamente adaptado en las charcas y lagunas y que ya sirve de alimento a múltiples especies protegidas como la nutria. Así se había manifestado Agustín Albiol, coordinador de la Plataforma en Defensa de la Pesca, afirmando que somos el único país europeo que legisla contra su propia industria. «Es patente la separación entre el mundo rural y el urbano. Decisiones que se toman en los despachos sin medir las consecuencias. Acabaremos cerrando nuestras piscifactorías e importando truchas noruegas o francesas».

La normativa europea concilia perfectamente estos intereses excluyendo en un anexo del catálogo a las especies exóticas que dan un beneficio socioeconómico y cuya explotación está controlada.

En Castilla y León la Junta se vio obligada a realizar una adaptación en las normas, se supone que transitoria, que permite la pesca de estas especies pero obliga a su sacrificio. No permite, sin embargo, la repoblación en aguas públicas lo que ha obligado a cerrar los cotos intensivos, trece en toda la Comunidad, con el consiguiente perjuicio para los pescadores. El propósito de la Ministra de Agricultura, anunciado en su toma de posesión, es iniciar de forma inmediata las consultas con el resto de grupos políticos para introducir las reformas necesarias en la Ley para adaptarla a la normativa europea y al propio sentido común.