El Gobierno relega a un segundo plano el Pacto de Estado de la Energía
Las diferencias sobre la tarifa eléctrica y el déficit generado dificultan que se alcance un acuerdo que vaya más allá de una declaración de buena voluntad
El desacuerdo entre Gobierno y oposición en materia energética se ha hecho palpable en el caso de Ga
El pacto sobre la energía, el acuerdo político que debiera sentar la base para la planificación de las próximas dos décadas, y adoptar medidas para la reducción de la dependencia y la garantía del suministro, ha quedado relegado a un segundo plano entre las prioridades del Gobierno. Mientras el consenso ha funcionado en lo relativo a la Presidencia española de la UE, y las negociaciones en educación se desarrollan con relativa transparencia y buen tono, en materia energética el Ejecutivo ha seguido adoptando decisiones por su cuenta, después de que las tres reuniones mantenidas con representantes del PP se saldaran sin acercamientos.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, fueron los encargados de explorar el terreno. Sebastián es uno de los miembros del Gabinete de Zapatero que mantiene una postura más abierta en el tema nuclear, en tanto que Montoro formó parte del equipo de gobierno de Aznar que acordó sucesivas rebajas del precio de la electricidad para los consumidores finales. Fue una estrategia política que acarreó importantes costes futuros.
El Gobierno y el PP se han intercambiado entre los meses de agosto y diciembre una serie de documentos reveladores de diferencias de gran calado. Los populares pusieron sobre la mesa, entre otras cuestiones, la prórroga de la Central Nuclear Santa María de Garoña más allá de lo ya decidido por el Consejo de Ministros, y abogaron por una congelación de la tarifa eléctrica que pagan 18 millones de consumidores, la única que permanece tras la liberalización.
Estas diferencias inmediatas impidieron avanzar en la negociación de las cuestiones de futuro. El Gobierno reprochó al PP que los precios regulados tienen que subir, entre otras razones, por la factura que se generó durante los años en los que fueron reconocidos a las eléctricas unos costes de generación superiores a los ingresos. Ahora queda el lastre de compensar un déficit tarifario acumulado superior a los 16.000 millones. Aunque a partir del 2013 no se presentarán más cuentas en números rojos, el impacto de ejercicios pasados se prolongará al menos durante tres lustros.
En materia nuclear, el Gobierno no piensa dar marcha atrás en lo decidido sobre Garoña -se procederá a su clausura en 2013-y en el marco del proyecto de ley de Economía Sostenible se ha fijado la vida útil ordinaria de las instalaciones en 40 años. Pero también abre camino a eventuales prórrogas si se dieran circunstancias excepcionales.