El Gobierno pone sobre la mesa la revisión salarial de los funcionarios
Economía deja entrever la congelación de los sueldos para el 2011 y el 2012 mientras que los sindicatos señalan que De la Vega garantiza su poder adquisitivo
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, durante su intervención de ayer.
El poder adquisitivo de los 2,7 millones de empleados públicos está garantizado hasta el 2012 (inclusive) por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, según afirmaron tajantemente dirigentes de CC.OO., UGT y Csif, quienes instaron al Ejecutivo a mantener «una sola voz» ante la ciudadanía. «Lo que firma una vicepresidenta no puede ser cambiado por un secretario de Estado», apuntó Enrique Fossoul, de Comisiones. La reacción sindical se produjo ante las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, encaminadas a reabrir el acuerdo suscrito entre Gobierno y sindicatos. El pacto mantiene el poder adquisitivo de los empleados públicos durante la presente legislatura.
En resumen, el acuerdo fija para el 2010 un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que ha costado 50 millones de euros. Los incrementos del 2011 y el 2012 se negociarán entre los firmantes del documento, en función de la evolución presupuestaria del índice de precios al consumo, previsión de crecimiento económico, capacidad de las cuentas del Estado y valoración de la productividad. Ocaña apuntó que el Ejecutivo ha previsto una reducción del 4% en el volumen total de retribuciones de los funcionarios, mediante el ajuste de la tasa de reposición y del incremento salarial. El secretario de Estado se mostró partidario de respetar el incremento del 0,3% del 2010 pero de sus palabras se desprende que la congelación salarial planea sobre los empleados públicos para los dos ejercicios siguientes.
Economía reconoce que el mensaje de Ocaña está en sintonía con recomendaciones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. No obstante, esta corporación admite que se enfrenta a un problema porque no es fácil encajar el acuerdo de los empleados públicos con el objetivo de ahorrar 50.000 millones de euros en tres años para devolver el déficit al límite del 3% que impone Bruselas.