El Ejecutivo estrecha la vigilancia sobre las empresas sospechosas de fraude
Hacienda relaja su control sobre el ladrillo para centrarlo en el empleo no declarado, la ocultación de actividad y los fraudes en el IVA y en el impuesto de Sociedades
La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la rueda de prensa de ayer.
El Gobierno ya no contempla al sector inmobiliario como principal foco de fraude fiscal. La crisis financiera combinada con el estallido de la burbuja del ladrillo, que ha enviado al paro a decenas de miles de trabajadores, ha llevado al Ministerio de Economía y Hacienda a cambiar de estrategia en su persecución de la evasión de impuestos. La Agencia Tributaria centrará en adelante su inspecciones sobre las empresas sospechosas de engañar al fisco mediante fórmulas como la ocultación de actividad e ingresos, el empleo de personas no dadas de alta ante la Seguridad Social o los fraudes en el IVA y el impuesto de Sociedades. «Los defraudadores tienen que saber que si realizan alguna actuación irregular, será detectada y sancionada», señaló la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social.
El plan consta de sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes: La prevención yeral de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo; la puesta en marcha de actuaciones conjuntas de control y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas y más eficaces.
El Gobierno calcula que el plan reportará a las arcas públicas unos 1.000 millones de euros adicionales
Salgado explicó que las actuaciones de control se centrarán en «la identificación conjunta de perfiles de riesgo». La lupa de los inspectores estará, preferentemente, sobre las empresas declaradas insolventes en las que se detecte actividad, en aquellas en las que se detecten indicios de fraude en el IVA o en impuesto de Sociedades y en las sospechosas de comercio irregular o contrabando. El plan incluye la creación de una Comisión Mixta para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales.
Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda estiman que el plan del Gobierno para combatir el fraude tendrá un alcance «muy limitado» sobre la economía sumergida.