El Gobierno y la oposición pactan la congelación de la tarifa eléctrica
Industria suprime las «líneas rojas» y se abre al debate de la participación nuclear en el futuro energético; los dirigentes garantizan la recuperación del déficit acumulado
Miguel Sebastián y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, durante la reunión.
El recibo de la luz no subirá el próximo 1 de julio para 26 millones de consumidores, entre hogares, autónomos y pequeños comercios. Esta congelación es la primera pieza del pacto alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la puesta en revisión de todos los costes de la tarifa eléctrica con el objetivo de suscribir un pacto de estado sobre la energía «en el más breve plazo de tiempo posible». Este entendimiento de última hora se suma a otros dos acuerdos ya cerrados por el Ejecutivo y la oposición en materia económica, el que dio origen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el suscrito entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para sacar adelante en el plazo de tres meses la reforma de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz para asuntos económicos del PP, Cristóbal Montoro, escenificaron el acuerdo en una insólita conferencia de prensa conjunta convocada con tal urgencia que se solapó con el acto de presentación de la memoria anual del sistema eléctrico. Nadie en el sector tenía la menor sospecha de tan inminente consenso. El Gobierno hizo de la necesidad virtud. Con el sistema actual, la aplicación de la fórmula vigente hubiera conducido a subir la tarifa eléctrica nada menos que el 7,5% a los usuarios domésticos y a las pymes que han quedado voluntariamente al margen de la liberalización. El sistema vigente tiene dos elementos. Para los llamados «peajes», que son una serie de costes fijos que determinan el 50% de la tarifa -”que incluyen desde el déficit heredado a las primas a las renovables-” Industria había propuesto un alza del 10%.
La puja de las comercializadoras. Y, en segundo término, la puja de las comercializadoras para comprar electricidad a las generadoras arrojó el pasado miércoles aumentos del 12% en promedio respecto a la llevada a cabo seis meses antes. De la aplicación directa de la norma resultaba un fortísimo incremento difícil de defender en plena crisis. Había que descartar esa fórmula de la manera menos conflictiva posible, porque las empresas ya daban por descontado un incremento que aliviara el cada vez más abultado desfase entre los ingresos percibidos y los costes reconocidos, una cifra que, incorporadas las previsiones de este año, alcanzará los 20.000 millones de euros
El Ministerio de Industria optó por resucitar en 24 horas el proceso negociador con el Partido Popular para el pacto de la energía. Ambas partes dejaron al margen la confrontación política directa y los reproches socialistas que atribuyen al PP la generación del déficit tarifario cuando, por intereses partidistas, el recibo de la luz permaneció congelado varios años.