Siete bazas para frenar el huracán

La crisis financiera de Irlanda ha reavivado las alarmas. Como fichas de dominó, bajo la presión de los mercados y de los inversores especulativos pueden caer, después de Grecia, otros países periféricos, y España no está completamente a salvo. Ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Economía, Elena Salgado, olvidan la pesadilla del 9 de mayo pasado, cuando tuvieron que decidir, casi sobre la marcha, un nuevo y más drástico programa de ajuste para evitar que el riesgo país escalara cotas que hicieran imposible la financiación de la deuda.

Para apaciguar a los mercados, Zapatero acaba de relanzar su programa de reformas y encomendado al número dos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, la coordinación necesaria para su aplicación. Muchas medidas anunciadas son de consumo interno: créditos ICO a la innovación, libertad de amortización para las empresas, atención personalizada a los escolares-¦ Pero a los analistas no les pasa desapercibido que la marcha de unas pocas de estas propuestas les va a servir para tomar el pulso a la voluntad reformadora del Ejecutivo. Entre ellas se encuentran iniciativas en las que los miembros del Gabinete han incurrido en numerosas contradicciones.

Sistema financiero: cajas que son bancos. Las reformas de este sector han sido las únicas que han salido adelante con acuerdo entre el Gobierno y el PP. Tras superar con nota la fase más aguda de la crisis financiera -que se llevó por delante a decenas de grandes bancos de otros países-, la recesión económica y la indigestión del inmobiliario sacaron a la luz las debilidades de las entidades españolas. El colchón de provisiones constituido en épocas de bonanza se agota y la morosidad sigue creciendo pese a los bajos tipos de interés. Las cajas de ahorro, que ya pueden incorporar capital privado, necesitan ganar tamaño y solvencia. Para ello han emprendido una carrera de fusiones y muchas van a colocar un banco en la cúpula. Las ayudas del FROB y el efecto de las fusiones arreglarán balances y cuentas de los años 2010 y 2011. La prueba de fuego llegará en el 2012.

Planificación energética: un acuerdo de mínimos. Una subcomisión constituida en el Congreso, por la que han desfilado durante meses decenas de personas relacionadas con el sector, acaba de pactar un documento bastante genérico con el voto en contra de IU y la abstención del PP, partido que no ha visto reflejada su posición favorable a la energía nuclear. Alcanzado a medias este objetivo, el Gobierno ha encarado por fin los abultados números rojos de la generación eléctrica. Para achicarlos, acaba de aprobar un recorte del 45% en las primas de las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica, y también se propone rebajar las subvenciones a la eólica y termosolar.

Reforma de las pensiones: la contradicción. La comisión del Pacto de Toledo lleva dos años trabajando en un conjunto de propuestas para garantizar la viabilidad futura de las pensiones públicas. El Gobierno le aportó la suya en febrero, pero esta reforma, por la que claman desde el Banco de España a las instituciones internacionales, se afronta con criterios muy distintos desde los ministerios de Economía y Trabajo. La sucesión de citas electorales en los próximos meses complica el consenso.

El nuevo despido: más o menos empleo fijo. La reforma laboral, con los cambios que implica en el despido objetivo -como la polémica mención a la «previsión de pérdidas» que aparece entre sus causas-, no ha producido efectos visibles en el mercado de trabajo.

Diálogo social: de puertas adentro. Que las relaciones del Gobierno con los agentes sociales sean buenas o regulares, a los mercados y las instituciones internacionales les importa lo justo. Les preocupa, eso sí, que las protestas puedan causar una paralización de la actividad. El Ejecutivo podría verse reforzado si patronal y centrales alcanzan un pacto que flexibilice la negociación colectiva. Zapatero ha puesto la fecha límite del 20 de marzo para que haya acuerdo.

Gasto autonómico: más transparencia. Cinco autonomías -Baleares, La Rioja, Asturias, Aragón y Extremadura- no dan información pública alguna sobre su ejecución presupuestaria y otras muchas proporcionan datos insuficientes. El ministerio de Economía va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para plantear a todos sus miembros una mejora de la transparencia, y el rendimiento de cuentas una vez al mes. El Gobierno entiende que los mercados penalizan la ocultación.

Empleados públicos: mejora de la productividad. El anuncio del vicepresidente tercero del Gobierno de que el sueldo de los empleados públicos se vinculará a su productividad sonó como un mensaje dirigido al exterior. Esa opción ya existe, porque se incluyó en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero no se aplica. A juicio de los expertos, tampoco va a tener gran impacto económico la prometida extinción y fusión de empresas públicas.