El Pacto de Toledo evita establecer una edad de jubilación en su informe

La ponencia del Pacto de Toledo concluyó ayer un nuevo informe de recomendaciones sobre la reforma del sistema de pensiones. La principal novedad de sus trabajos reside, en esta ocasión, en una fuerte discrepancia con el Gobierno acerca del aumento de la edad legal de jubilación. Incapaces de ponerse de acuerdo en este punto, las fuerzas políticas optaron por profundizar en los puntos de entendimiento, que han sido muchos. Lo que importa para garantizar el futuro del sistema es potenciar la permanencia voluntaria de los trabajadores en sus empleos, defienden.

Los principales consejos de la nueva edición del pacto se resumen en varios puntos. El primero, la edad legal de jubilación. No ha habido acuerdo para explicitar una cifra y la Comisión deja constancia de las divergencias, Pero hay unas línas de coincidencia. Los comisionados consideran la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable.

Para aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo, y teniendo en cuenta «la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años» sugieren que el conjunto de medidas a adoptar «puede ser amplio». Y así plantean desde modificar el régimen jurídico de la jubilación para conceder más relevancia a la «carrera de cotización» del trabajador a la hora de determinar la cuantía de su pensión, hasta reservar la jubilación anticipada para aquellos que, contando con largas carreras, opten voluntariamente por acogerse a ella. Sin descartar que determinados colectivos -”los que desarrollan actividades penosas-” puedan acogerse a este procedimiento.

Prolongación voluntaria. En cuanto a la prolongación voluntaria, los comisionados se vuelcan en su recomendación de que se incentive la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Sugieren todo tipo de ventajas, desde fiscales a laborales. E incluso apuestan por mejorar el tope máximo, siempre a cambio de que el trabajador siga en activo. El incremento mensual de la pensión será proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas. El Pacto de Toledo también aconseja desarrollar el compromiso de bonificar, de manera más intensa y en forma proporcional a la antigüedad, las cotizaciones de los trabajadores ya contratados que tengan 55 más años para incentivar el mantenimiento del empleo.

Por otra parte, las prestaciones no contributivas, de quienes no alcanzan los mínimos exigidos de cotización, deben correr totalmente a cargo de los Presupuestos del Estado. El Gobierno ha de asumir esta tarea con carácter prioritario y presentar al Congreso de los Diputados un calendario que incluya las proyecciones económicas adecuadas para hacer creíble su «inaplazable» ejecución.

La Comisión lo viene reiterando, sin éxito, desde 2005. Los comisionados añaden que, en todo caso, cuando una política activa de empleo introduzca bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, su coste habrá de repercutir exclusivamente sobre todos los contribuyentes, al igual que cualesquiera actuaciones de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos determinados.