Los sindicatos apoyan el pacto pero sigue su rechazo a la reforma laboral
Los despedidos podrán calcular su pensión con un período superior a 25 años
Méndez y Toxo, durante la rueda de prensa.
Las direcciones de los sindicatos UGT y CC.OO. y de las organizaciones empresariales Ceoe y Cepyme dieron vía libre al acuerdo alcanzado por sus representantes con el Gobierno, pero los dirigentes de las centrales, defensores del pacto, no se apean de su rechazo a la reforma laboral, por entender que no resuelve los problemas del mercado de trabajo. Impactados por los últimos datos de empleo -la Encuesta de Población Activa ha reflejado en el cuarto trimestre 4,7 millones de parados- los secretarios generales Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, pusieron de manifiesto sus inquietudes -las causas objetivas de despido colectivo, entre otras- en la conferencia de prensa en la que celebraron los puntos de consenso alcanzados: pensiones, energía, fomento de la industria y plan de choque para el fomento del empleo.
Por eso pidieron a las fuerzas políticas que se sumen al entendimiento alcanzado, por entender que el contexto de crisis económica generalizada obliga a todos a los máximos esfuerzos. Méndez y Toxo opinaron que la huelga general del pasado septiembre hizo mella en la posición del Gobierno, pero también reconocieron los riesgos de reproducir una confrontación abierta.
Los despedidos. Una de las medidas acordadas es que los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral podrán ampliar el período de cómputo para calcular su pensión más allá de los 25 años que estipula la reforma de las pensiones, para «evitar perjuicios» por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad. De esta forma consta en el documento del pacto económico y social .
Entre los logros alcanzados en la mesa negociadora, destacaron el nuevo plan de ayudas a trabajadores que han agotado todas las prestaciones. Su cuantía será de 400 euros al mes -un poco 'cicatera', a juicio de las centrales, que evocan los 426 euros de la precedente-, será sufragada con cargo a las cuentas del Estado y, pese a su condición extraordinaria, tendrá carácter de derecho para las personas que, cumpliendo los requisitos, la soliciten. El Jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha citado para hoy en La Moncloa a los interlocutores sociales para rubricar el pacto social y económico. La pelota se traslada ahora a las fuerzas políticas. Las de oposición al Gobierno no ocultan el deseo de dejar su impronta en el pacto social. PP e IU, desde plataformas opuestas, insisten en el mantenimiento en 65 años de la edad legal de jubilación, al tiempo que censuran la congelación de las pensiones impuesta por el Ejecutivo como medida de austeridad.
Las coincidencias acaban aquí. En materia energética, la participación de la nuclear en la generación eléctrica -PP a favor, IU en contra- marca una 'línea roja' insuperable. El entendimiento de fuerzas políticas y sociales ha sido recibido por el Partido Popular con fuertes reservas.
Su posición dista mucho del entusiasmo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que calificó el consenso como el entendimiento más importante desde los Pactos de La Moncloa firmados en 1977, en el marco de la transición política.
Los populares aseguran que se ha llegado a la situación actual como resultado de la ineficacia del Ejecutivo, incapaz de reconocer la existencia de la crisis durante un largo periodo, y de poner en marcha a tiempo las medidas necesarias.