RESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO
Las cajas nacionalizadas tendrán hasta dos años para evitar ser subastadas
El Gobierno confía en que las CCAA no bloqueen la transformación del sector
Las cajas de ahorro que tengan que transferir su negocio a un banco y recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) para alcanzar los nuevos niveles de capital que ha aprobado el Gobierno tendrán hasta dos años para evitar que el Estado subaste su participación en la entidad bancaria.
Estas entidades podrán poner fin a su nacionalización comprando las acciones directamente o buscando un inversor que esté dispuesto a adquirirlas.
El plazo será de un año, ampliable a un segundo ejercicio si la entidad se compromete a hacer ajustes adicionales de su red de oficinas y plantilla. El FROB podrá estar un máximo de cinco años en la entidad y, pasado ese plazo excepcional de entre uno y dos años, venderá sus acciones en el mercado al mejor postor.
Desde el momento en que el FROB compre las acciones de las entidades, nombrará consejeros, que serán profesionales del sector financiero, tendrán atribuciones ejecutivas y " vigilarán y controlarán " por el cumplimiento del plan de recapitalización y ajuste al que están condicionadas las ayudas públicas.
El Banco de España anunciará el 10 de marzo que bancos y cajas no cumplen los nuevos requisitos de captial (8% general y 10% para las entidades que no cuenten con un 20% de inversores privados en su capital y cuya liquidez dependa en más del 20% de los mercados mayoristas). Estas instituciones tendrán que presentar un plan para recapitalizarse y reducir su estructura. El supervisor determinará el 30 de septiembre qué entidades van por buen camino y cuáles serán obligadas a ser parcialmente nacionalizadas.
Las cajas que tengan avanzado su plan dispondrán de tres meses adicionales para culminarlo, y las que tengan previsto salir a bolsa, podrán hacerlo antes de abril del 2012, si el Banco de España entiende que avanzan a buen ritmo. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se mostró ayer confiada en que las comunidades autónomas, que pueden vetar la transferencia de los activos de las cajas a los bancos, serán las " primeras interesadas " en que sus cajas cumplan los nuevos requisitos.