Bruselas propone una reforma agraria criticada por el campo

La Comisión Europea ha propuesto a los 27 estados de la Unión Europea (UE) una reforma sustancial de la política agraria común a partir del 2014, que implica abandonar los rendimientos históricos como referencia para el pago de las subvenciones y sustituirlo por una subvención en función de la hectárea. Esto favorecerá la agricultura extensiva y penalizar a la producción más intensiva.

La propuesta incluye un techo de ayuda de 300.000 euros por explotación y año, aunque las granjas que creen empleo podrá superar ese límite, ha explicado el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos.

Las ayudas agrarias europeas también quedarán restringidas exclusivamente a los agricultores activos, aunque sean a tiempo parcial, estableciendo "una obligación de trabajo mínimo en las superficies agrícolas", ha señalado Ciolos. La UE "no tiene vocación de retribuir a los agricultores de sofá", ni de subvencionar aeropuertos o campos de golf", ha añadido el comisario.

La Comisión Europea quiere además condicionar el 30% de las subvenciones al respeto de criterios medioambientales: pastos permanentes, diversificación de cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad en el menos el 7% de las tierras cultivables.

A pesar de que el comisario ha asegurado que las exigencias ecológicas no supondrán un coste adicional para el sector, las organizaciones agrarias europeas han criticado de inmediato la propuesta del Ejecutivo comunitario. El sector agrícola catalán también ha expresado su malestar

El Comité de Organizaciones Agrarias y de Cooperativas Europeas (Copa-Cogeca) ha afirmado que esos criterios ecológicos supondrán un sobrecoste que pueda lastrar la viabilidad económica del sector. Los agricultores europeos han reclamado que la nueva política "ponga el énfasis en la rentabilidad y en la productividad de la agricultura" para garantizar una producción suficiente de alimentos para satisfacer la creciente demanda de la población, a un precio "abordable" para los ciudadanos.

"No tiene sentido que se le pida a cada explotación individual que deje de producir en determinado porcentaje de tierras por retirada ecológica, cuando las previsiones apuntan a una subida de la demanda mundial de productos alimentarios del 70% de aquí a 2050", ha destacado Copa-Cogeca en un comunicado.