La administración incumplidora pagará las multas europeas a España

Los presidentes de comunidades autónomas y alcaldes que vulneren los objetivos de déficit o deuda tienen desde hoy un motivo más para tentarse la ropa. El anteproyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera instaurará un mecanismo para trasladar las sanciones que pudieran recaer sobre España en materia de estabilidad a las administraciones responsables de los incumplimientos.

La norma, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, desarrolla la llamada regla de oro incluida en la Constitución para asegurar el equilibrio o superávit presupuestario futuro.

Dicho en otras palabras, el que la hace la paga. Si la Comisión Europea en el futuro impone a España una multa por el derroche o la mala gestión presupuestaria de las comunidades autónomas o entidades locales, serán esos entes quienes abonen la factura. El Estado —cuya desviación del objetivo de déficit del 2011 es mínima comparada con la de las autonomías— blinda así su responsabilidad e introduce otro elemento de presión sobre los regidores de los entes territoriales. La ley transpone al ordenamiento español los mecanismos correctores de la Unión Europea.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar las claves de su departamento para esta legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló algunas de las sanciones que el Gobierno prepara para castigar a los organismos que incumplan los objetivos de estabilidad. Además de trasladarles el ‘muerto’ de los correctivos que pudieran llegar de fuera, la ley obligará a toda administración pública que incumpla los planes económico-financieros de reequilibrio, diseñados para corregir eventuales desviaciones de déficit, a constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de reiteración.

1397124194 Cuantías. Fuentes de Hacienda confirmaron que el Estado podrá detraer el dinero de esos depósitos de los fondos que abona a las comunidades autónomas y ayuntamientos en virtud del actual sistema de financiación. La cuantía final de las multas dependerá de la magnitud de la desviación o de si el organismo es reincidente. Pese a situar con su política a las autonomías en el centro de sus preocupaciones, Montoro recalcó su fe en el actual modelo de Estado. «No es cierto que porque existe el Estado de las autonomías existe despilfarro», resaltó. No obstante, avisó a los gestores regionales de que en momentos como el actual deben de dar «ejemplo de austeridad, transparencia y responsabilidad».