El Gobierno recorta el sueldo a los altos directivos públicos
El Ejecutivo reduce también el número de consejeros en esas compañías.
Nueva vuelta de tuerca salarial en el sector público. En este caso, en las empresas dependientes del Estado, en las que se recortará el número de consejeros y cuyos altos directivos verán menguar su salario base hasta un 35% desde este mismo año. La medida, aprobada ayer por el Consejo de Ministros y de la que se desconoce su alcance en términos de ahorro para el erario público, es el primer paso en un proyecto más ambicioso y que pasa por achicar el parque público empresarial mediante fusiones, alianzas o, incluso, la venta de algunas firmas al capital privado.
«El objetivo es conseguir la máxima austeridad, eficacia y eficiencia» en estas firmas, explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aprovechó la ocasión para lanzar un guante a los sindicatos, a los que invitó a sumarse a la «transparencia» de la que hace gala el Ejecutivo con la publicación de los salarios que reciban los líderes de las centrales.
Tras acotar a siete días por año trabajado la indemnización por cese a los directivos de las empresas públicas, el siguente paso era limitar sus emolumentos. Al menos la parte básica, que quedará fijada en 105.000 euros brutos anuales en las empresas más grandes. En las medianas, la cota máxima será 80.000 euros y en las pequeñas, 55.000. Ese escenario hace que, según Sáenz de Santamaría, el ajuste medio ronde entre el 25% y el 30%, pudiendo llegar al 35% en las firmas con menor dimensión.
En esa clasificación en tres niveles se tomará en cuenta no sólo el tamaño, sino el número de trabajadores, la actividad o la capacidad de financiación al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Además, cualquier aportación complementaria como puedan ser las dedicadas a fondos de pensiones, manutención o vivienda deberá estar incluida en esos nuevos máximos que suponen, según la ‘número dos’ de Mariano Rajoy, unos niveles «razonables y suficientes». De forma paralela, todas las empresas públicas deberán dar a conocer en sus memorias anuales el salario de sus principales directivos, algo inédito hasta ahora.