El Consejo de Ministros aprueba medidas para paliar los desahucios

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que establece una serie de medidas que intentan paliar el problema de los desahucios de personas en situación de exclusión social, y la iniciativa ha cosechado una tibia acogida por parte del sector bancario. Desde que empezó la crisis, en España se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias, evocó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Comentó que abundan las familias que no solo se han visto sin vivienda en la que cobijarse, sino que arrastran una abultada deuda como consecuencia de la pérdida de valor del inmueble a cuya adquisición se comprometieron un día con todos sus haberes, presentes y futuros.

Pero la norma se basa en un código de buenas prácticas que las entidades bancarias pueden suscribir voluntariamente. Al sector no le ha gustado la forma en que el Gobierno la ha «sugerido» solventar el problema, porque cree que no le corresponde desempeñar tareas asistenciales.

Los bancos españoles «tienen la mejor disposición para adoptar el código de buenas prácticas», afirmó la Asociación Española de Banca en un comunicado en el que recordó que «ya venían llevando a cabo numerosas actuaciones para paliar en lo posible la situación de aquellos clientes en mayor necesidad». Resaltaron las entidades financieras que «están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las administraciones públicas». Y consideran que «una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas, y no solo en paliar sus efectos». En otras palabras, que los bancos piensan que ya están haciendo las tareas que les corresponden.

¿Quién forma parte de los protegidos? Se consideran bajo el umbral de exclusión las familias hipotecadas por la compra de una única vivienda en la que habitan, en las que todos los miembros carecen de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas. Tampoco podrán tener otros bienes patrimoniales.

Un caso en Burgos. Un colombiano que vive desde hace 20 años en Burgos, de nombre Jaime,acudió ayer a negociar alguna salida a los problemas con su hipoteca en una sucursal de Ibercaja y le indicaron que la hipoteca se ha ejecutado y ya no es propietario de su vivienda.

Hasta ahora, sólo había recibido una notificación del juzgado indicando que se iniciaba un procedimiento de ejecución de hipoteca y una llamada en la que le reclamaban, a través de su abogado, 12.000 euros. Ayer se enteró de que el piso donde vive con su mujer, su suegro y sus dos hijos, de uno y dos años, ya no es suyo, sino de Ibercaja, desde el pasado 29 de febrero. Jaime ha asegurado que, aunque está en paro, su mujer trabaja y podrían seguir pagando al banco el crédito de 150.000 euros que solicitaron en el 2006, pero «ya no es posible».