El Gobierno limita a 2.500 euros los pagos en efectivo contra el dinero negro
Quienes vulneren la norma tendrán que hacer frente a multas del 25% de lo pagado.
El presidente del Gobierno desveló ayer una de las mayores incógnitas que rodean al plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros: la fijación de un límite máximo de 2.500 euros para los pagos en efectivo en las transacciones comerciales en las que intervenga, al menos, un profesional o una empresa. Los incumplidores se arriesgarán a multas del 25% del abono realizado.
La intención del Gobierno ‘popular’ de limitar el uso de efectivo para evitar las transacciones con dinero negro fue anunciada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 5 de enero, cuando explicó el Plan General de Control Tributario con que el Gobierno quiere intensificar la lucha contra la evasión. Pero faltaba por cuantificar la cantidad límite para realizar los pagos con dinero contante y sonante. Mariano Rajoy enmarcó esta medida dentro de su estrategia general de adoptar iniciativas de carácter excepcional, dentro de una política económica «dura y costosa» que refuerce la confianza de los mercados en la economía española, aunque no produzca efectos inmediatos.
Los pagos descontrolados de grandes cantidades en efectivo son el nuevo foco de atención para el Ministerio de Hacienda, que ve en esas operaciones una vía para evadir el pago de impuestos como el IVA y Sociedades, y para encubrir el uso de dinero negro, sobre todo con billetes de 500 y 200 euros. Los límites a su utilización suponen una imitación de lo que ya han hecho otros países europeos castigados por la crisis como Francia e Italia, que han fijado umbrales máximos de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente, para las cantidades a abonar en metálico.
El Plan General de Control Tributario tiene como meta «elevar» la recaudación del Estado mediante la lucha contra la evasión fiscal hasta 8.171 millones de euros en el 2012. El plan supone en general profundizar en el modelo diseñado por los equipos de sus antecesores, Elena Salgado y Pedro Solbes.
En Hacienda fían una parte considerable de sus expectativas de ingresos a la lucha contra el fraude debido a su importante volumen de recaudación, que casi equivale al 1% del PIB. De ahí que Rajoy también haya otorgado prioridad a este mecanismo para lograr fondos adicionales en su afán por recortar el déficit desde el 8,51% hasta el 5,3% este año.