Un juez lleva la reforma laboral ante el Constitucional

El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha presentado una de las primeras cuestiones de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral que aprobó el Gobierno el 10 de febrero y que ya se está aplicando como decreto ley mientras se tramita en el Parlamento.

El titular del juzgado, José Ángel Folguera, plantea al Tribunal Constitucional (TC) sus dudas sobre si la eliminación de los salarios de tramitación (los que abona el empresario desde que despide al trabajador hasta que el juez declara, en su caso, dicho despido improcedente) afecta a varios derechos fundamentales como el de igualdad, el derecho al trabajo o a la tutela judicial. El auto se produce a raíz de la demanda presentada por tres trabajadores de la empresa de artes gráficas Enjarolla S.L. y que alegaron haber sido objeto de despido disciplinario. El juez expone que, tras la reforma, si el despido es considerado improcedente, el empresario puede optar entre readmitir al trabajador, abonándole los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia, o indemnizarle en la cuantía que se señale pero sin abonar los salarios dejados de percibir. Antes de la reforma, esos salarios, llamados de tramitación, tenían que abonarse en cualquiera de los dos casos, tanto si era readmitido como si se mantenía el despido.