Presentan ocho motivos que vulneran la Constitución en la reforma laboral

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, presentaron ayer un escrito ante la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, para que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de la reforma laboral. Los sindicatos argumentan ocho motivos para que sea declarada inconstitucional, como la vulneración del derecho al trabajo, a la tutela judicial efectiva y a la negociación colectiva.

UGT y CC.OO. recalcan que no existen razones de «urgente y extraordinaria necesidad» para legislar por decreto ley. Para Fernández Toxo, aunque la situación económica «es grave», no justifica romper una tradición del diálogo social consolidada durante tres décadas que ha dado resultados más que apreciables que el Gobierno actual no ha querido ni tan siquiera explorar».

Según el secretario general de UGT, Cándido Méndez, las fórmulas de despido «suponen una vulneración clara de la tutela judicial efectiva» y el que «se imponga la decisión unilateral del empresario» es una «vulneración del derecho fundamental de la negociación colectiva». Además se vulnera el derecho al trabajo de cada individuo (artículo 35.1 de la Constitución) por la imposición de un periodo de prueba de un año «en todo caso» sin indemnización en el contrato de emprendedores. También afecta a la tutela judicial la supresión de los salarios de tramitación (los que corresponden al periodo desde que se produce el despido hasta que hay, en su caso, sentencia declarando improcedente el despido). Por este mismo motivo, el titular del Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid presentó cuestión de inconstitucionalidad hace unos días.

Las dos centrales sindicales arguyen que se vulnera el derecho a la negociación colectiva, recogido en el artículo 37.1 de la Constitución, por tres cambios que introduce la reforma laboral: la sumisión de las partes que no han alcanzado acuerdo para no aplicar el convenio colectivo al arbitraje público obligatorio; la atribución al empresario de la facultad de modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo (también las salariales) aunque estén recogidas en convenio.

Por último, consideran fuera de la Constitución que se aplique el despido colectivo al ámbito del empleo público laboral mientras se excluye la posibilidad de utilizar la suspensión o reducción de jornada para lograr la flexibilidad necesaria.

Por otra parte, el PP ha votado en contra de la comparecencia de los agentes sociales en la comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre la reforma laboral. Aunque todos los demás grupos parlamentarios votaron a favor, dado que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta en la Mesa de la comisión, no se aprobó la comparecencia.

UGT y CC.OO. han convocado manifestaciones los días 29 de abril, junto con la Plataforma en defensa del Estado del Bienestar, y 1 de mayo, Día del Trabajo, contra los recortes sociales en sanidad y educación aprobados por el Gobierno y contra la reforma laboral.

El secretario general de UGT aseguró que, frente a la afirmación del Gobierno de que la reforma laboral no está teniendo efectos negativos, hay hechos que demuestran que está provocando «una mayor destrucción de empleo».

Según Ignacio Fernández Toxo, Cava de Llano les ha dicho que «intuía» que de las varias peticiones de inconstitucionalidad que se han presentado, la de los sindicatos es la más «fundamentada». Méndez ha recordado que el Gobierno ha manifestado que la reforma no tendrá efectos en el corto plazo y, al respecto, ha indicado que «sus propios argumentos justifican impugnar el procedimiento».