Fomento encarga a Jaime Montalvo resolver el conflicto en Iberia
Jaime Montalvo Correa, en una imagen de archivo.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha nombrado a Jaime Montalvo árbitro en el conflicto que enfrenta desde hace meses a la dirección de Iberia con sus pilotos por la creación de la línea de bajo coste Iberia Express, que opera desde el 25 de marzo.
Montalvo es catedrático de Derecho del Trabajo y ha sido presidente del Consejo Económico y Social (CES). Tanto Iberia como el sindicato de pilotos Sepla han aceptado el nombramiento de Montalvo. La compañia y el sindicato podían haber pactado quién sería el encargado del arbitraje obligatorio que aprobó el Gobierno el pasado viernes, tras comprobar que no había posibilidad de acuerdo entre las partes para resolver el conflicto.
El sindicato Sepla señaló que había propuesto dos nombres a la empresa pero que fueron rechazados. Desde el primer momento, Iberia avanzó que no iba a plantear nombre alguno y que esperaría a la decisión del ministerio. En esas circunstancias, Fomento era el competente para designar al árbitro en 24 horas.
La ministra Ana Pastor destacó que Montalvo es un profesional «de reconocido prestigio». Presidió el CES desde el 2001 hasta mediados del 2006, cuando presentó su dimisión al entonces ministro Jesús Caldera. Promovió el consenso como presidente del CES. de hecho, los agentes sociales —sindicatos y patronal— apoyaron que continuara como presidente del Consejo Económico y Social pero el Gobierno no acababa de ratificarle. Tras seis meses de interinidad, Montalvo dimitió. También ha sido rector de la Uned, director del Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, y del Instituto Nacional de la Administración Pública.
Obligado cumplimiento
A partir de ahora, el nuevo árbitro tiene un plazo de diez días para dictar el laudo de obligado cumplimiento y resolver el conflicto, que supuso la convocatoria por parte del Sepla de 42 jornadas de huelga, de las que se llevaron a cabo 18, la última el viernes pasado. Cada día de huelga supone unas pérdidas para la empresa de tres millones de euros, según las cifras de la propia compañía. Cuando el Gobierno impuso el arbitraje obligatorio el pasado viernes, los pilotos suspendieron los paros previstos como gesto de colaboración y para «favorecer y facilitar» el arbitraje.
El árbitraje obligatorio es la tercera intervención del Gobierno en el conflicto. Primero solicitó la mediación del ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel, que no logró resultados. Después, siguió una reunión convocada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Tras aquella reunión, en la que Fomento les solicitó que expusieran por escrito sus discrepancias, la ministra afirmó que es «mejor un mal acuerdo que un buen laudo». Pero al final tuvo que imponer el arbitraje.