Congelado el sueldo de los funcionarios
El Gobierno también paraliza cualquier oferta de empleo público para el 2013.
Los funcionarios del Estado verán congelado su sueldo por tercer año consecutivo. Así lo anunció los principales sindicatos de la función pública después de la reunión que han mantenido con representantes de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. El Gobierno les ha comunicado además su intención de mantener las dos pagas extra del 2013, y de congelar la oferta de empleo público. Los sindicatos han mostrado su enfado por lo que consideran «una nueva vuelta de tuerca» sobre un colectivo «que vuelve perder poder adquisitivo y a ser el pagano de esta crisis».
Las líneas maestras del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2013 —que será aprobado hoy en consejo de ministros— dibujan un panorama de recortes generalizados en los servicios públicos. A la congelación salarial y a la ya conocida supresión de la paga extra de este mes de diciembre se suma la paralización de cualquier oferta de empleo público para el año que viene. Además, se reducirá la tasa de reposición, que garantiza el relevo de parte de los funcionarios que desarrollan su trabajo en sectores específicos —Sanidad, Educación y lucha contra el fraude— y que se jubilan. Hasta ahora, esa tasa estaba situada en el 10%, pero el Gobierno lo fija ahora como un techo máximo que puede ser rebajado.
«De esta manera tampoco están garantizados los servicios básicos, puesto que da margen a las administraciones a establecer una tasa de reposición menor. Esto se traducirá en menos médicos, menos maestros, menos bomberos, menos policías y, en definitiva, una peor calidad de los servicios públicos», criticó Miguel Borra, presidente del CSI-F, sindicato mayoritario en la función pública.
Además de por el fondo, los sindicatos se quejaron amargamente por las formas de la reunión mantenida con los emisarios del ministerio de Hacienda, encabezados por la directora general de la función pública, Carmen Sánchez-Cortés. «Es algo bochornoso que se nos convoque pero sin ningún papel. Todo ha sido al dictado, y burlándose del derecho a la negociación colectiva», denunció Enrique Fossoul, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Las centrales cifran en hasta medio millón el número de empleos públicos que se perderán con los recortes que plantea el Gobierno, y con la próxima aprobación del real decreto que regula el despido de los funcionarios, y que actualmente está en fase de estudio por el Consejo de Estado. «Hay que pasar de los recortes para entrar en la reforma de las administraciones públicas. Hay que hacer un plan de recursos humanos que sirva para modernizarnos», aseguró Borra.