Los técnicos de Hacienda aseguran que la amnistía fiscal recaudó 150 millones
El Gobierno fijó como objetivo ingresar 2.500 millones hasta el 30 de noviembre .
Los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno, que expira mañana viernes 30 de noviembre, apenas reportó a las arcas del Estado el 6% de la recaudación esperada hasta octubre. Según cifras publicadas por la asociación que agrupa a estos profesionales (Gestha), la medida generó 149,6 millones de euros. Una cantidad que, justo a un mes de su finalización, está muy lejos de los 2.500 millones presupuestados.
A la vista de los últimos datos del informe mensual de recaudación tributaria, Gestha tacha de «misión casi imposible» cumplir las expectativas iniciales. Y no solo eso. Este colectivo subraya que la puesta en marcha de esta iniciativa «ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios», al provocar una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba las declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Críticas
El plazo para acogerse a esta regularización extraordinaria —que permite legalizar a ojos del fisco capitales ocultos a cambio de pagar el 10% al estado— finaliza este viernes. Los técnicos de Hacienda siempre han criticado esta medida de gracia, por considerar que «posibilita enjuagar grandes fraudes a precios de saldo». La rechazan también porque creen que «no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, responsables del 71,7% de la evasión tributaria total». Gestha asegura que este tipo de medidas atentan contra el principio constitucional de igualdad tributaria. Denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda «un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales» y que soportan gravámenes de hasta el 52% en el IRPF (que pueden alcanzar el 56% en Cataluña).
«Mientras, los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10%, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos», se queja este colectivo en un comunicado. La asociación de técnicos de Hacienda explica que, para reducir la economía sumergida, es «necesario aplicar la ley a quien defrauda, sin excepciones».