Hacienda publicará la lista de los mayores defraudadores y morosos
«Se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro», anunció Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
El Gobierno quiere avergonzar ante el conjunto del país a los contribuyentes que acumulen las deudas más abultadas con la administración, ya sean empresas o particulares. Para ello, el Ministerio de Hacienda prepara reformas legales que permitan hacer públicas las identidades de «los mayores defraudadores y morosos», una práctica habitual en los países de la Unión Europea de tradición anglosajona, Reino Unido e Irlanda, pero que hasta ahora en España no se podía poner en práctica por chocar con la Ley General Tributaria. «Se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro», subrayó el responsable del departamento, Cristóbal Montoro, en el Senado.
Montoro anunció esta iniciativa, que enmarcó dentro de la ofensiva de su departamento contra el fraude fiscal, durante el debate del proyecto de ley de medidas tributarias impulsadas por el Gobierno para reducir el déficit público. Ante el Pleno de la Cámara Alta, explicó que su equipo «está estudiando los parámetros objetivos que mejor pudieran servir para configurar, tanto el listado de defraudadores como la identificación de los morosos».
Fuentes de su departamento explicaron que la clave de la cuestión radica ahora en la definición de esos «parámetros objetivos», que deben de servir para «diferenciar qué es un gran defraudador o moroso» respecto del resto de contribuyentes a los que reclama dinero el fisco o la administración (la Seguridad Social, por ejemplo) en cantidades menores.
Los expertos del Ministerio de Hacienda tienen que aclarar primero en qué punto del proceso administrativo un contribuyente será susceptible de ser incluido en ese hipotético listado. Podría ser cuando pese sobre esa persona o empresa un acta firme de inspección en la que se le reclame una determinada deuda, o cuando le sean denegados los recursos por esa cuantía. Otra opción podría ser incluir en el listado a aquellos contribuyentes cuyos casos hayan llegado a la justicia ordinaria tras la apertura de expedientes por delitos fiscales de cuantías muy elevadas.
Tampoco está fijado el volumen objetivo de fraude o deuda a partir del que una persona física o jurídica pasaría a ser considerada «gran defraudadora». Otra incógnita es si habrá o no comunicación previa a estos contribuyentes por parte de la administración para instarlos a cumplir sus obligaciones a fin de no ser incluidos en la relación de defraudadores o morosos.
La secretaría de Estado de Hacienda trabaja desde hace más de un mes a través de la Dirección General de Tributos con la Agencia Tributaria para aclarar todos esos interrogantes. Las fuentes consultadas subrayan que todas las opciones están abiertas, pero insisten en que «la idea principal es ir a por el gran moroso, a por el pez gordo».
El Gobierno ha insistido en sucesivas declaraciones públicas en su intención de reforzar a partir del año que viene la lucha contra el fraude fiscal. Un estrechamiento del cerco que coincide con el fin, el pasado 30 de noviembre, de la amnistía fiscal.
El PSOE sugirió a Montoro que, si piensa publicar un listado de defraudadores, empiece por los que se acogieron a esa amnistía fiscal.