Las empresas podrán operar en todo el país con una única licencia
España vuelve a caminar hacia el mercado común, aunque en este caso sea el interior. El Gobierno de Mariano Rajoy dio luz verde ayer al anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, con el que pretende poner fin a la actual maraña legislativa, formada por cientos de normas autonómicas y municipales, a veces contradictorias entre sí, que dificultan la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.
El texto, además, faculta a las empresas para impugnar ante las autoridades reguladoras de los mercados y de la competencia cualquier normativa que en adelante puedan adoptar estas administraciones si provoca una fragmentación de la unidad de mercado.
La ley está inspirada en el modelo aplicado desde hace dos décadas en la Unión Europea para garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los estados miembros. Su base son los principios de licencia única y legislación de origen. En líneas generales, establece que cualquier producto o servicio producido al amparo de la normativa de una determinada comunidad autónoma podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales como licencias o requerimientos autonómicos en materia de especificaciones técnicas, envasado o etiquetado.
Una vez aprobada, los agentes económicos sólo necesitarán pedir una licencia en una comunidad autónoma y podrán comercializar sus productos o concurrir a concursos públicos para la prestación de servicios en todo el país. Y las comunidades o ayuntamientos no podrán, como hacían hasta ahora en muchos casos, exigir por ejemplo que el aspirante a adjudicatario de una determinada obra o servicio sea una empresa de su entorno o con sede social dentro de sus límites territoriales.
El Ministerio de Economía asegura que el establecimiento del principio de licencia única elimina en la práctica los costes asociados a tener que someterse a hasta 17 regulaciones distintas para operar en toda España, lo que redundará en más competitividad.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cifró —a partir de cálculos de la Secretaría de Estado de Economía— en 1.500 millones de euros aunales durante una década (es decir, 0,15 puntos del PIB al año o 1,52 puntos en diez años) el crecimiento de la economía española que provocará esta medida.
Pero el objetivo último es hacer la vida más fácil a las empresas para estimular la inversión. Aunque pueda parecer exagerado, con la legislación ahora en vigor podría llegarse a una situación en la que una botella de agua mineral requiriese 17 de etiquetados distintos.