La reforma de las hipotecas podría aplazarse al verano
El Gobierno quiere esperar para homologarla con la normativa europea.
Sin prisas, aunque sin pausa. Así se resume el espíritu con el que el Gobierno afronta la reforma hipotecaria que lleva en marcha desde hace semanas y que, encima, el jueves fue urgida desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer tras la reunión del consejo de ministros que este problema «hay que resolverlo cuanto antes», evitó concretar plazos. «Vamos a analizar los tiempos de duración de la tramitación parlamentaria», añadió respecto a la idea que maneja el Ejecutivo de unificar en un solo texto el proyecto de ley que ya está en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «No rechazamos ninguna cosa», apuntó.
Las dudas persisten en el seno gubernamental respecto hasta dónde debe llegar la reforma, puesto que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha señalado de forma oficiosa que si no se determinan legal y claramente qué cláusulas de un contrato hipotecario son abusivas y cuáles no, el panorama futuro de este mercado podría no distar tanto como se espera de la situación actual dado que todo quedaría al criterio del juez en cada caso, abriendo la puerta a interpretaciones distintas.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría resaltó ayer dos de esos cambios, ya incluidos entre las enmiendas a la futura ley para la protección de los deudores hipotecarios: elevar de uno a tres los impagos mínimos necesarios para poder iniciar un procedimiento de ejecución de una hipoteca y moderar los intereses de demora —cuyo tope se establecerá en tres veces el tipo legal del dinero o en un 2% por encima del pactado en contrato para aquellas personas que están en el umbral de la exclusión—. Del resto nada más se sabe por ahora, puesto que además el plazo para introducir cambios en el citado proyecto se va a ampliar de forma extraordinaria con el fin de adaptarlos a lo que se apunta en el fallo del tribunal europeo.
Directiva europea
Desde el Ejecutivo, no obstante, no se descarta anticipar las medidas que se consideren más urgentes a través de un decreto-ley, pues no precisaría pasar por el Parlamento. La decisión saldrá de la comisión interministerial formada entre Economía, Hacienda, Justicia y Sanidad (por consumo), que se reunirá la semana próxima para estudiar cómo implementar las modificaciones necesarias. Sus miembros tienen en el horizonte la futura directiva comunitaria que regulará el mercado hipotecario en la UE y que el Parlamento Europeo tramita ya con vistas a su probable aprobación en mayo, e incluso en junio si hay retrasos. Dado que uno de los puntos en discusión de la misma es la posibilidad de la dación en pago, fuentes gubernamentales apuntaron ayer que aprobar una reforma global en España antes de conocer el texto que venga impuesto desde Bruselas a los Veintisiete podría no tener mucho sentido.