Diario de León
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j. a. bravo | (colpisa) madrid

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El que ya muchos han empezado a calificar de caso Pescanova ha llegado ya a los tribunales, y precisamente en la vertiente que menos se esperaba hace apenas una semana. Un grupo de accionistas minoritarios presentó ayer jueves una querella penal ante la Audiencia Nacional contra los que, según entienden ellos, serían los responsables de gran parte de la situación de presumible quiebra técnica en la que se encuentra ahora la multinacional: de un lado, los doce miembros del actual consejo de administración —con Manuel Fernández de SousaFaro al frente del bando mayoritario frente a sus opositores—; de otro, la que fue su auditora (BDO), despedida hace una semana; y, por último, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La querella, que pasará ahora a manos de uno de los seis juzgados centrales de instrucción para decidir si es competente, imputa la presunta comisión de varios delitos societarios, castigados con penas de hasta seis años de prisión y fuertes indemnizaciones.

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