El cerco se estrecha un poco más sobre las preferentes
El informe en el que se reconoce prácticas ilegales desencadena varias demandas.
Una protesta de efectados por las preferentes de Bankia.
Se estrecha el cerco sobre las participaciones preferentes, un producto financiero que ya centraba infinidad de demandas civiles pero que ya invaden la competencia de lo penal. El informe secreto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvelado el pasado jueves, en el que se reconocía la existencia de prácticas ilegales por parte de diversas entidades financieras (fundamentalmente Caja Madrid, Bancaja y posteriormente Bankia-BFA) en torno a estos productos, ha servido de base a partidos políticos, consumidores y otras plataformas de afectados para la presentación de una batería de demandas.
La última querella la ha interpuesto ante la Audiencia Nacional la formación política UPyD, que apunta a estas entidades y a cinco responsables directos de la comercialización de estos productos. Pero también al antiguo presidente de la CNMV, Julio Segura y al ex gobernador del Banco de España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Conscientes
UPyD acusa a las cajas de diseñar y comercializar participaciones preferentes, «conscientes de que se trataba de un producto tóxico». A Segura y Fernández Ordóñez, como máximos responsables de la CNMV y el BE, les asigna el papel de «cooperadores necesarios, que autorizaron y encubrieron la trama delictiva».
La querella de la formación política no solo apunta a presunta ilegalidad en la comercialización de las preferentes, sino que añade una nueva perspectiva al caso: la inexistencia de un verdadero mercado que sirva de intercambio para este tipo de productos. Según se apunta en el escrito de la querella, tanto Caja Madrid y Bancaja, como posteriormente Bankia, «aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF, de funcionamiento descentralizado, para crear un mercado interno ficticio, en el que manipularon de forma continuada los precios de cotización para mantenerlos artificialmente altos, a fin de aparentar que la cotización de estos productos era estable y tenían liquidez».
«Hay una enorme opacidad y complicidad política que ha hecho posible que esto suceda sin que nadie haya pagado por ello», subrayó la portavoz de Unión Progreso y Democracia, UPyD, Rosa Díez, que ha presentado la querella junto al asesor jurídico del partido, Andrés Herzog. Díez ha apuntado directamente a los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, quienes «juntos, y en compañía de otros –en alusión a otras formaciones políticas como Izquierda Unida, o los sindicatos- han posibilitado que todo este entramado fraudulento se haya producido».