Del sillón al banquillo de acusados

Incierto. Ese es el mejor calificativo que describe el futuro del más de un centenar de ejecutivos bancarios, la mayoría ya con el cartel de ‘ex’ colgado a sus espaldas, imputados en la decena de procesos abiertos en distintos juzgados para depurar las posibles responsabilidades penales que se pudieran derivar de sus años de gestión. Que se cometieron excesos queda claro a la vista de cómo evolucionaron los balances de las entidades que dirigían, donde los beneficios tornaron en números rojos casi de la noche a la mañana. Y la culpa, esta vez, no fue de la crisis.

La clave estriba en distinguir si se trató de errores de gestión o directamente de fraudes, incluso más allá, si hubo lo que en términos jurídicos se conoce como dolo. Es decir, voluntad deliberada de cometer una actuación irregular, presuntamente delictiva, a sabiendas precisamente de ello (de su ilicitud). Complicada labor la de los jueces que instruyen esos casos, dado que no existen muchos precedentes, y menos aún recientes, de procesos contra ex banqueros. El primero de la última etapa democrática fue Juan Palomeras, acusado en 1978 de la quiebra del Banco de Navarra y que llegó a pasar ocho meses en prisión.

Dejando atrás los casos de Banca Catalana (1982) y el grupo bancario de Rumasa (1983), la clase financiera española no volvió a desfilar por los juzgados hasta finales de 1993. El protagonista, un Mario Conde de sobra conocido y responsable de un desfalco de 3.636 millones de euros en el entonces imponente Banesto. También fueron imputados en algún momento de sus carreras todopoderosos como Emilio Botín, aunque sus casos terminaron archivados y no se debieron a decisiones que causaran un agujero a su entidad.

Más nombres

Ni siquiera lo fue tampoco la condena (2011) de Alfredo Sáenz, al que una denuncia falsa para presionar a unos deudores del Español de Crédito le ha dejado fuera de la sucesión en el Santander. Tampoco pueden figurar en la misma lista ni el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, ni el ex síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, defenestrados por sus inversiones bursátiles opacas (Ibercorp).

Lo que tienen ahora entre manos apenas una decena de jueces —la mayoría, en la Audiencia Nacional, que ha mutado de todopoderoso órgano judicial contra el terrorismo a bandera de la lucha contra los desmanes de parte del sector financiero— son, básicamente, delitos societarios, falsedades contables, administraciones desleales y manipulaciones para alterar el precio de las cosas, sin olvidar apropiaciones indebidas (en muchos casos, mediantes sueldos desorbitados y pensiones multimillonarias aprobadas sin luz y casi sin taquígrafos) e incluso estafas.

Y la lista de entidades cuyos ex directivos han sido imputados también es variada, desde Bankia (y varias de sus socias, como Cajamadrid, Bancaja, Caja Segovia…) hasta Banca Cívica (y su impulsora, Caja Navarra), la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Caixa Penedès, NovaCaixaGalicia, Caja Castilla-La Mancha, Banco de Valencia y Eurobank. Si hay un lazo común entre casi todas ellas, aparte de la operativa irregular de quienes debían haber velado por sus balances, es que el Estado —a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)— tuvo que inyectar fondos públicos para evitar su quiebra; hasta 37.800 millones de euros han hecho falta por ahora —aún podría haber alguna sorpresa, según se temen desde la ‘troika’ (BCE, FMI y CE), que podría elevar las cifras del rescate del sector financiero español—, aunque también ha habido aportaciones del sector con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).