Díaz Ferrán y De Cabo, considerados culpables de la quiebra de Marsans

De libro. Así valora la titular del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, Ana Gallego, la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans, otrora un gran emporio turístico a nivel nacional e internacional y hoy tan solo un amargo recuerdo tanto para los cientos de empresas como los miles de trabajadores y clientes que dejó colgados. La propia administradora judicial del grupo, que fue declarado en concurso de acreedores a finales de junio de 2010, sostiene que este caso es «paradigma de la generación y agravación continuada dolosa (es decir, con la voluntad deliberada de cometer un acto ilícito) de una insolvencia».

Considera «culpables» tanto a sus dos antiguos dueños, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (ya fallecido), como al empresario —más bien, liquidador y testaferro de empresas como Teconsa como se desprende de los procedimientos que tiene abiertos— Angel de Cabo, este último a través de su sociedad instrumental Posibilitum Business, que fue la que pasó a controlar Marsans tras su venta postrera casi al tiempo de solicitar el concurso.

En concreto

Entre los tres habrán de cubrir de forma solidaria una cantidad próxima a los 425 millones de euros por el déficit patrimonial (incluidas las deudas acumuladas por la compañía turística), si bien a Posibilitum solo le corresponde el 40% mientras que el ex presidente de la Ceoe deberá asumir la mayor parte porque la familia de su socio renunció a la herencia.

«Irregularidades contables relevantes» para poder comprender la situación patrimonial o financiera real de Marsans, «salida fraudulenta» de bienes propiedad de la empresa entre junio de 2008 y junio de 2010, actos jurídicos dirigidos a «simular» una situación patrimonial «ficticia» e «inexactitudes graves» en la documentación aportada al concurso de acreedores son algunas de las conductas que, según la juez, avalan la culpabilidad de los tres citados que, en el caso de Díaz Ferrán, le ha ocasionado además la inhabilitación durante 15 años tanto para administrar bienes como para representar a sociedades o personas. Sin duda, la confirmación de la caída al infierno del que fuera líder de la gran patronal, que llegó a afirmar de sí mismo semanas antes de que fuera detenido y luego encarcelado —el pasado 5 de diciembre— que iba a «seguir siendo empresario porque soy de los que no se jubilan». Para la juez, lejos de poder hablar de «simples divergencias de criterios contables» —como apuntaba la defensa de Díaz Ferrán para justificar sus manejos y los de su socio—, «se falseó el valor de las pérdidas acumuladas que se reflejaban en la contabilidad de las sociedades del grupo, disfrazando con activos ficticios» la situación real que, al cierre de 2009, evidenciaba unas pérdidas de 224,7 millones de euros y unos fondos propios negativos de otros 121,7 millones. Lejos de ello, los antiguos gestores del grupo evitaron provisionar las deudas que tenían contraídas con dos de sus sociedades, al objeto de aparentar unas finanzas saneadas.