Los sabios no pensaron en el impacto de la reforma de las pensiones de Zapatero

Víctor Pérez Díaz, el presidente de la comisión de sabios que elaboró el informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, rindió cuentas ayer ante la comisión del Pacto de Toledo. La mayoría parlamentaria la tiene el PP, pero las voces críticas a un trabajo directamente encargado por el Gobierno predominaron entre las tomas de posición de los grupos.

Aunque Pérez Díaz exigió a los diputados «más rigor» en sus juicios, reconoció que los expertos «no miraron con lupa» el posible impacto acumulado de su propuesta con el proceso actual, es decir, con la reforma del Gabinete Zapatero que entró en vigor el 1 de enero. También admitió que será la Seguridad Social quien ponga los números en los cálculos definitivos.

Matizó el experto que el documento presentado pretende ser «un mecanismo de alerta» ante el envejecimiento de la población y la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas. A la hora de aplicar las propuestas formuladas «me lo pensaría mucho», concedió. No obstante, rechazó que el documento vaya a generar alarma social entre los pensionistas actuales y futuros, como advirtió la portavoz socialista Isabel López i Chamosa.

El factor de sostenibilidad «no supondrá una bajada de las pensiones, que se prevé sigan creciendo en términos reales a largo plazo», insistió Pérez Díaz. El representante más cualificado de los expertos se enfrentaba a una audiencia poco propicia. Los representantes de la mayoría de las fuerzas políticas, que tienen a gala haber sacado adelante anteriores reformas del sistema de pensiones por consenso, no están conformes con el procedimiento ahora seguido, y formularon abundantes de objeciones.

Con excepción del PP, fue unánime la censura a la celeridad en la ejecución del informe. «Si esta reforma ha de abordarse desde la prisa, puede abortar antes de nacer», advirtió el representante de CiU, Carles Campuzano, que reprochó con acritud a los sabios su «ignorancia» de las modificaciones introducidas hasta ahora en materia de pensiones.

Las acusaciones más duras las formuló Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, quien equiparó los trabajos de la comisión, designada por el Gobierno con una determinada finalidad a los juegos de casino donde se opera con las cartas marcadas. Pérez Díaz le exigió respeto, tras reconocer que en la elaboración del informe «han podido darse errores de juicio, insuficiencia de información...». Los autores han trabajado como expertos independientes «cuya profesionalidad ha de juzgarse por sus hechos», apostilló, en un esfuerzo por desmontar las acusaciones de haber actuado «teledirigidos» por el Ejecutivo. «Eso, jamás, y lo digo con un punto de indignación», declaró