La reforma energética del Gobierno sube la luz otro 3,2% en quince días

La reforma energética aprobada ayer —la «definitiva», según el Gobierno— arranca con una subida de la luz que se hará efectiva en los primeros días de agosto mediante una orden ministerial que encarecerá cerca de un 7% en los peajes de acceso. Como este apartado tiene un peso en el recibo de aproximadamente el 50% —aunque este porcentaje ha aumentado considerablemente en los últimos años, según algunas fuentes— el incremento para los consumidores será del 3,2%, lo que viene a colocar la factura mensual en 75,72 euros para una familia y consumo medio.

Este será el sacrificio asignado en un principio por el Gobierno a los usuarios de la luz, que deben asumir 900 de los 4.500 millones de euros del déficit estructural del sistema. El resto se repartirá entre las grandes eléctricas, los productores de energía renovable (entre ambos asumen un recorte de 2.700 millones) y los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente absorberán 900 millones.

Pese a la inminente subida de la luz, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se atrevió a defender ayer que la reforma energética se ha elaborado «pensando en el consumidor».

«No son medidas fáciles para nadie pero son imprescindibles», aseguró Soria, quien insistió en la idea de que la reforma distribuye los costes «de manera equitativa» entre empresas, consumidores y Estado. El titular de Industria recordó que el precio de la electricidad en España está «por encima de la media Europea». Y que, pese a ello, aún persiste un déficit de tarifa (diferencia entre los costes regulados y los ingresos del sistema) que este año se situará en 4.500 millones de euros.

O eso o subirla un 42%

«De no haberse tomado medidas en 2012 y 2013, habría alcanzado los 10.500 millones este año», añadió, de forma que para corregirlo «habría sido necesaria una subida de la luz del 42%», dijo el ministro Soria ayer.

El incremento permitirá ingresar unos 400 millones de euros, según fuentes ministeriales, y se aplicará a principios del mes de agosto.

Para ello, el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno —que entra hoy mismo en vigor— le faculta para dictar ahora una nueva orden de peajes, que habitualmente se aprueban a comienzos de año. La orden será enviada en breve a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que tendrá que elaborar un informe preceptivo. El siguiente paso es su aprobación en la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Al margen de la próxima subida de la luz, la reforma ataca numerosos aspectos que regulan la actividad del sistema. Estos son algunos de los más destacados: la factura eléctrica cambia de denominación. Ya no se llamará Tarifa de Último Recurso (TUR), sino Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Pero el cambio se queda ahí, en el nombre, porque no se va a bajar el umbral a partir del que los ciudadanos pueden acogerse a esta tarifa (10kw de potencia contratada). Las nuevas medidas reforzarán además —según el Gobierno— los mecanismos de atención al cliente, garantizando que se realice a través de teléfonos gratuitos.

Todos los productores de energía renovable deberán vender la electricidad en el mercado. Cobrarán en función del precio de subasta, y el Gobierno pagará además una especie de incentivo a la inversión que finalmente debe garantizar una determinada rentabilidad —basada en las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, lo que equivale a un 7,5%— que tendrá en cuenta toda la vida útil del proyecto.

Palo a las eólicas

Una tecnología que lleve mucho tiempo funcionando y que haya obtenido una alta rentabilidad en el pasado puede verse seriamente perjudicada a partir de ahora. Es lo que pasará con muchos parques eólicos, según fuentes del sector.

Para el transporte y la distribución, en manos de las grandes compañías y de Red Eléctrica de España, se fija una retribución homogénea «adecuada a una actividad de bajo riesgo». En este caso, estará vinculada a las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos (un 6,5% aproximadamente.

La reforma pone a cero el contador del déficit de tarifa y establece que el próximo año el desajuste entre costes e ingresos del sistema no podrá superar los 500 millones de euros. Si esto sucede, se pone en marcha un mecanismo automático por el cual se incrementarían los peajes de acceso.