El Ejecutivo vuelve a obligar a todas las empresas a asociarse a las Cámaras
Las compañías no tendrán que pagar una cuota fija para formar parte del organismo.
Manuel Teruel se muestra satisfecho con la nueva ley.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el ‘lavado de cara’ de las Cámaras de Comercio, que a finales de 2010 perdieron su principal fuente de financiación: las cuotas forzosas que abonaban las compañías, obligadas por ley a formar parte de dichas organizaciones representativas.
El proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación llegará a las Cortes en los próximos días —aunque su tramitación parlamentaria no comenzará hasta septiembre— envuelto en la controversia. Todo a raíz de las críticas de algunos ámbitos empresariales y también por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). La CNC sostiene que la mera adscripción obligatoria a las Cámaras puede conllevar «un incremento de las cargas administrativas de las empresas y de la Administración Tributaria», así como «fomentar la fragmentación del mercado nacional». La unidad económica se quebraría, según Competencia, porque como esa afiliación forzosa será a la organización cameral que corresponda a su territorio (provincial o, de no existir, la autonómica), una sociedad de Málaga no podrá hacer uso de los servicios de la Cámara de Alicante.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendió ayer esa pertenencia forzosa de todas las empresas por «la necesidad de que las Cámaras representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector o asociación».
El modelo de financiación es otro de los puntos polémicos del proyecto de Ley de Cámaras. Habrá tres vías: los ingresos generados por los servicios que presten, las aportaciones «voluntarias» de las empresas y las subvenciones que reciban de las administraciones según los convenios que suscriban para desarrollar sus funciones público-administrativas.
El Ministerio de Economía no precisa más sobre ese respaldo público, aunque desde las propias Cámaras se apuntan varias vías habilitadas ‘ex profeso’ por el Ejecutivo. De forma genérica, el «compromiso importante de colaboración» que se pretende de ellas para «el desarrollo e implantación» de las medidas del Plan Nacional de Reformas, sobre todo las dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Y ya más en concreto, su peso en la «implantación y potenciación» de la Formación Profesional Dual y la puesta en marcha de dos grandes planes: uno de internacionalización y otro de competitividad para las ‘pymes’. En todos esos ámbitos prestarán servicios para la Administración que serán remunerados, aparte de los que puedan realizar para empresas concretas, como cursos, arbitraje en conflictos mercantiles, ...). El catálogo tiene pocos límites, por lo que la CNC teme que puedan incurrir en competencia desleal con algunas entidades privadas si aprovechan los recursos públicos obtenidos por otras vías para ofrecer precios más bajos.