El juez Velasco ve una trama mafiosa tras la quiebra del grupo Marsans

Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, y Ángel de Cabo, liquidador de empresas, urdieron una trama de tipo mafioso para provocar la quiebra fraudulenta del holding turístico liderado por Viajes Marsans. Así lo afirma el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto notificado ayer, por el que inicia los trámites para sentarles en el banquillo de los acusados tras convertir el caso en un procedimiento abreviado.

El instructor, que ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, estima que existen «abundantes» indicios (escritos y mediante testimonios) de que ambos, junto al ya fallecido empresario Gonzalo Pascual acordaron entre 2009 y 2010 vaciar el patrimonio de su grupo ante la «inevitable» declaración de concurso del mismo y la ejecución consiguiente de los bienes que habían presentado para afianzar sus deudas.

A tal fin usaron una compleja estructura empresarial de sociedades instrumentales y testaferros, con las que lograron transferir a firmas de paraísos fiscales (Hong Kong, Suiza, Panamá, Chipre o Malta) la titularidad tanto de sus bienes (fincas y casas en varios lugares -incluido Nueva York-, coches de lujo e incluso un barco) como de los propios activos del grupo, como 10 millones de euros en efectivo o una transferencia de 33,8 millones de dólares procedente de Airbus.

Por todo ello, se les imputan -en total, hay 11 acusados, incluidos un hijo de Díaz Ferrán y los principales socios de De Cabo- los delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales. Por el contrario, la imputación contra los familiares de Pascual ha quedado archivada provisionalmente al no quedar «suficientemente acreditada» la comisión de un delito por su parte.

De otro lado, también este lunes concluyó en la Audiencia Nacional el juicio contra Gerardo Díaz Ferrán -que está en prisión desde hace un año- y otro socio suyo, Antonio Mata (ex presidente de Air Comet) por un presunto delito fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas. El fiscal pide dos años y cuatro meses de cárcel para él por un fraude de 99 millones de euros en el impuesto de sociedades.