CRISIS DE LA EUROZONA
Alemania impone sus exigencias en la unión bancaria
Berlín introduce un sistema de voto a su medida para limitar el uso europeo de los fondos para las crisis bancarias. El saneamiento de los bancos será decidido por un comité de países con un papel reducido de la Comisión Europea

La canciller alemana Angela Merkel.
El proyecto de unión bancaria de la eurozona, destinado a proteger a los estados y a los ciudadanos del coste de los errores de los banqueros, se está diluyendo debido a las exigencias de Alemania para reforzar su propio poder, para debilitar la autoridad de resolución de crisis bancarias y para mantener durante el máximo tiempo posible el carácter nacional del fondo de resolución de crisis que costeará el sector bancario.
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) ha avanzado hacia una fórmula de compromiso sobre las diferentes normas pendientes de la unión bancaria aceptable para Berlín, que protege a las cajas alemanas de las decisiones de la futura autoridad europea y que elimina el riesgo de que Alemania y su sector bancario tengan que contribuir de forma significativa a sanear bancos de otros países durante diez años.
Alemania, Francia, Italia, España y Holanda han consensuado las bases para la negociación final del mecanismo único de resolución de crisis bancaria, según ha indicado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Ese documento implica que la unión bancaria tardará al menos 10 años en completarse. El Consejo de Ministros de la UE volverá a reunirse el próximo 18 de diciembre para intentar llegar a un acuerdo global.
ALEMANIA, DECISIVA
Ese documento de bases para la negociación final confiere de facto a Alemania y sus aliados el poder de bloquear cualquier operación de saneamiento costosa que requiera el uso de más del 20% del dinero disponible en el fondo de resolución de crisis bancarias.
La propuesta de compromiso precisa que para aprobar este tipo de operaciones con uso de fondos elevados será necesaria una mayoría de dos tercios y que los votos estarán ponderados en función de la importancia económica de cada país, medida por el porcentaje de capital de cada estado en el Banco Central Europeo (BCE). Este apartado confiere a Alemania un poder decisivo y la capacidad de vetar cualquier decisión junto con Holanda y Finlandia.
El fondo de resolución de crisis, que costeará el sector bancario, estará compartimentado a nivel nacional para que el saneamiento de una entidad de un país sea fundamentalmente asumido por el sector bancario de ese país. A partir del 2016, de forma progresiva y bajo determinadas condiciones podrá comenzar a usarse una fracción del compartimento nacional para ayudar a sanear a bancos de otros países. Este proceso transitorio durará diez años y permitirá cada año utilizar en común un 10% adicional de los fondos nacionales hasta llegar al 100% en el décimo año.
Para reducir las aportaciones públicas para sanear bancos, Alemania ha logrado que entre en vigor anticipadamente en el 2016 la nueva normativa de que los accionistas, titulares de bonos y grandes depositantes deberán asumir primero las pérdidas del banco antes de que puedan inyectarse fondos públicos. España quería retrasarlo hasta el 2018.
La propuesta de compromiso también reduce el papel de la Comisión Europea en la resolución de las crisis bancarias y confiere prácticamente todo el poder de decidir las medidas de saneamiento, reestructuración o liquidación de un banco en dificultades a un comité de autoridades nacionales. Asimismo, la autoridad de resolución de crisis bancarias sólo actuará sobre los 130 grandes entidades bancarias supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE), como exigía Berlín, en lugar de todos los 6.000 bancos de la eurozona. De este modo, las cajas alemanas quedarán excluidas de la tutela de la autoridad común europea y de riesgo de que se les pueda imponer medidas de saneamiento.