El (sobre)coste de garantizar la luz
La reforma eléctrica quiere reducir el pago a los mecanismos que aseguran el suministro en el peor de los escenarios una vez que el servicio de interrumpibilidad apenas se utiliza.
El Gobierno presume de que España cuenta con un buen sistema eléctrico. Al menos, en lo que se refiere al mix energético (amplia variedad de tecnologías de generación), despliegue de redes y capacidad de suministro.
Y es cierto. Es difícil que en España se produzcan apagones —contingencias metereológicas al margen— por sobrecargas en la red debido a un exceso de demanda. Y eso responde a dos motivos: primero, a que actualmente la potencia instalada supera con creces la demanda punta de energía. Segundo, por los mecanismos que el sistema dispone para garantizar en todo momento el suministro eléctrico, bien sea por una menor producción de energías renovables, o por averías en la red del transporte.
Uno de ellos es el servicio de interrumpibilidad. Se trata de una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia. Consiste básicamente en que una serie de grandes consumidores de energía (empresas siderúrgicas, químicas, cementeras, papeleras, etc...) se ponen a disposición del sistema para interrumpir su consumo cuando el operador (Red Eléctrica de España) lo ordene.
Contraprestaciones
Para poder prestar el servicio, estas empresas (144, a 1 de marzo de 2013) deben acreditar una determinada potencia de consumo, y también están obligadas a adaptar éste a los periodos de menor demanda eléctrica (noches y fines de semana). Una serie de ajustes que, según la industria siderúrgica, «han requerido cuantiosas inversiones económicas y grandes cambios organizativos». En contraprestación a este servicio, las empresas reciben una remuneración que se carga en los costes regulados del sistema (peajes). El año pasado (y según estimaciones de la ya extinta CNE) esa cantidad ascendió a casi 750 millones de euros. En un sector como el eléctrico, con tantos intereses cruzados y puntos de vista irreconciliables, resulta muy difícil llegar una conclusión sobre si en estos momentos es necesario o no mantener un servicio que supone una carga más en los ya disparados costes eléctricos.
El caso es que el Gobierno considera que, cuando menos, hay que revisarlo. En primer lugar, pretende reducir los pagos por interrumpibilidad en unos 200 millones de euros. Además, adjudicará este servicio a través de un mecanismo de subastas de forma que «se endurecen los requisitos para ser acreditados como prestadores del servicio, y hace muy difícil en algunos casos la mera prestación del servicio, al exigir garantías de programación incompatibles con la actividad industrial de las empresas», denuncia la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid).
La asociación recurrió hace dos semanas ante los tribunales la orden ministerial que modifica el régimen de interrumpibilidad, y pidió su suspensión cautelar «por los graves daños que su implantación puede suponer para la industria siderúrgica española, que corre el riesgo de cierres definitivos de instalaciones».