El CGPJ suspende al juez del caso Blesa por tener que sentarse en el banquillo
El juez Elpidio José Silva, a quien el CGPJ ha suspendido cautelarmente de sus funciones.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) escenificó ayer lo que parecía cantado, con arreglo a lo prevé la ley orgánica que regula la carrera. El controvertido juez Elpidio José Silva fue suspendido de forma cautelar, y sin plazo fijo, hasta que se depuren las consecuencias penales del procedimiento ya firme abierto en su contra y que le obligará a sentarse en el banquillo de los acusados, donde se enfrentará una pena de hasta 40 años de inhabilitación que provocaría su expulsión de la judicatura.
Es la consecuencia de la apertura de juicio oral dictada contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 23 de enero, al apreciar «indicios racionales» de que habría cometido dos delitos continuados de prevaricación y retardo malicioso, y otros tantos contra la libertad de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, durante la instrucción del caso donde se investigaba la compra de un banco en Florida. Le impuso, además, una fianza de 60.000 euros.
Silva se ha escudado en la existencia de indicios contra Blesa para justificar su actuación, pues la referida causa fue reabierta hace pocas semanas y el nuevo instructor ya ha tomado declaración a varios imputados (incluido el propio exfinanciero), así como ha pedido a la CNMV_que nombre un perito que dictamine si hubo perjuicio a la caja de ahorros en la compra del City National Bank de Florida.
Sin motivación jurídica
Sin embargo, tanto el juez que ha instruido la querella presentada contra Silva por la Fiscalía como el TSJM sostienen que no ha podido rebatir la base de la acusación que pesa en su contra: hacerse con el caso de forma irregular y cometer otros excesos en la investigación, así como encarcelar dos veces a Blesa (una sin fianza) sin existir motivos jurídicos que lo respaldaran. La suspensión del polémico juez, que reaccionó al auto querellándose contra el instructor del caso, conlleva la privación del ejercicio de todas sus funciones jurisdiccionales, que precisamente había recuperado hace pocas semanas tras cumplir una sanción disciplinaria. No obstante, Silva puede recurrir ahora su suspensión ante el Tribunal Supremo y, además, seguirá recibiendo sus retribuciones básicas.