La CE y el BCE exigen modernizar el sistema público de empleo contra el paro

España salió de forma limpia del rescate financiero de 41.300 millones de euros, presenta las cifras macroeconómicas más sólidas de la Eurozona, los inversores internacionales vuelven a creer en ella... Pero España, pese a la euforia desatada, continúa estrechamente vigilada por sus acreedores, por unos socios que le prestaron esos 41.300 millones en 2012 para salvar al país del abismo y que le exigen más y más. Prohibido relajarse.

Una hoja de ruta de estricto control, que se prolongará hasta 2026 bajo la tutela de los hombres de negro de la Comisión Europea y el BCE, y que ha vuelto a evidenciar graves problemas estructurales en el país relacionados, sobre todo, con la «alarmante» tasa de desempleo que sufre.

Desde la raíz

El mensaje es claro: los parches (como la tarifa plana de cotización de 100 euros) no son la solución, hay que atajar el problema desde la raíz, «modernizando los servicios públicos de empleo» y aplicando una política fiscal más favorable a la contratación, rebajando las cotizaciones sociales y subiendo el IVA. Así consta en el informe de 32 páginas publicado por el equipo del vicepresidente Olli Rehn y que fue elaborado por los expertos bruselenses y del BCE (la tercera pata de la troika, el FMI, ya no participa) tras su visita a Madrid entre el 24 y el 28 de marzo, y el 3 de abril. Se trata del primer informe de la llamada ‘Fase de Supervisión Post-Programa’.

Porque Bruselas no se cree eso de la bajada de impuestos y augura un déficit del 6,1% para 2015, año electoral, un ejercicio en el que España deberá ajustarse en otros 19.000 millones