ECONOMÍA
El ex presidente de Caixa Penedès supo del ‘pensionazo’ «a toro pasado»
Josep Colomer afirma que «los papeles no se ponían encima de la mesa».
Ricardo Pagès, uno de los directivos acusados.
El ex presidente de Caixa Penedès, Josep Colomer, afirmó este miércoles que solo supo «a toro pasado» del ‘pensionazo’ de 31,6 millones de euros que se autoconcedieron cuatro de sus ex altos cargos, encabezados por el que fuera director general, Ricard Pagès. Según su testimonio en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional, aquel tenía «poderes muy amplios» en la entidad.
Tanto era así, según señaló, que el consejo tampoco supo de otras decisiones hasta que ya se habían tomado. En algunas ocasiones, añadió, «los papeles no se ponían encima de la mesa». Por eso, dijo que de haberlo sabido antes, y al resultar cifras «elevadísimas», se habría opuesto a la concesión de tales pensiones.
Por su parte, el presidente de BMN —donde se integró Penedès—, Carlos Egea, abundó en lo declarado por un ex directivo de la caja: Pagès se negó a dar información detallada de las cuentas de la entidad antes de su integración, lo que impidió conocer el ‘pensionazo’ hasta otoño de 2011.
Además de Pagès, a quien le hubiera correspondido la pensión más elevada (11,6 millones), también se sientan en el banquillo quien fuera su adjunto y mano derecha, Santiago Abella (5,7 millones), el ex directivo Joan Caellas (4,8 millones) y el también ex director general Manuel Troyano (6,1 millones), si bien sólo llegaron a percibir la mitad de las cantidades que se habían aprobado.
Las palabras de Colomer provocaron que Pagès haya pedido al Juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que le dejara entrevistarse con su abogado. «Ya no es el dinero, me estoy jugando el honor; tengo una familia y es importante para mí», ha afirmado el acusado.
Querella contra Rato
De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción apoya la admisión a trámite de la querella de IU contra Rodrigo Rato y su ex equipo en Bankia por un presunto delito de estafa, pero ve innecesario que se les imponga ahora una fianza de casi 25.000 millones de euros.
Su argumento es que, en caso de una hipotética condena en el futuro, la propia entidad tendría capacidad suficiente para afrontar su pago en concepto de responsable civil subsidiaria de las actuaciones que realizaron sus anteriores gestores.