Rajoy se compromete a ampliar la protección a parados de larga duración

En España existen 740.500 hogares sin ingresos laborales según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año. La prolongación de la crisis durante más de seis años ha provocado que haya un elevado número de parados de larga duración que han agotado ya el periodo de cobro de prestaciones o subsidios por desempleo. Ese círculo se cierra con los desahucios por no poder pagar la hipoteca al haber perdido el empleo o con la subsistencia gracias a la pensión de los abuelos, único ingreso constante para algunas familias.

La protección social de estos hogares será objeto de negociación entre los agentes sociales y el Gobierno, en virtud del acuerdo alcanzado este martes en La Moncloa para «avanzar en los niveles de protección de determinadas prestaciones». Pero hay situaciones que no pueden esperar más. Por ello, el Ejecutivo se «compromete a ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social». Para poder recibir estas prestaciones, tendrán que acreditar «de forma regular» su búsqueda «activa» de empleo y participar en cualquier acción de inserción de empleo.

En qué condiciones y por qué importe es lo que no se aclaró tras la reunión mantenida en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los secretarios generales de CC OO, Ignacio Rodríguez Toxo, y UGT, Cándido Méndez, y los presidentes de Ceoe y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente.

Los líderes de CC OO y UGT señalaron que, en el corto plazo, las ayudas se dirigirán a asegurar un nivel de protección básico a los hogares sin ingresos donde la persona de referencia sea un parado de larga duración, y que cifró en alrededor de medio millón. Además, Toxo cuantificó en 2.500 millones de euros anuales el coste de dicha medida -lo que significaría conceder una prestación de 5.000 euros anuales a cada hogar-. La ministra no confirmó estos datos, tampoco los negó, pero sí insistió en que en octubre se atenderán los casos de especial necesidad, como pueden ser parados de larga duración con cargas familiares. «El objetivo primordial es que tengan empleo, pero que mientras no queden desprotegidos».

Además, el Gobierno está haciendo «un mapa completo de prestaciones sociales y subsidios de desempleo en todo el territorio», ya sean las concedidas por el Estado o las rentas mínimas de inserción de cada comunidad autónoma. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, reconoció que «no hay un control real en un registro público» y que pueden existir «situaciones de gran necesidad que no se atienden». La evaluación del actual modelo de Rentas Básicas se abordará en un plazo máximo de seis meses con el fin de atender a los hogares sin ingresos. El Gobierno tendrá que analizar cuál sería el coste y cómo lo financiaría, pero una parte se hará con recursos procedentes del Fondo Social Europeo, que ha previsto un programa de inclusión social dotado con 800 millones de euros para ayudas a las personas más vulnerables en los próximos siete años.