Un juzgado inhabilita a la ex cúpula de Spanair y le condena a pagar 11 millones
El entonces presidente de la aerolínea agravó la insolvencia de la compañía.
Un juzgado mercantil de Barcelona ha condenado a la última cúpula de la desaperecida aerolínea Spanair, que cesó su actividad en enero de 2012, a dos años de inhabilitación para gestionar patrimonios ajenos, y al pago de una sanción de 10,8 millones, por su actuación durante el concurso de acreedores de la compañía.
Según la sentencia, conocida ayer, el consejo de administración de la empresa, presidida entonces por Ferran Soriano —actual consejero delegado del Manchester City— no presentó el concurso de acreedores a tiempo, lo que agravó la situación de la sociedad, que desde marzo de 2009 hasta 2012 (año de su liquidación), estaba controlada en su accionariado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Por ello, entre los condenados, además de Soriano, se encuentran la Fira de Barcelona, Catalana d’Iniciatives o la empresa pública del Gobierno catalán Avançsa. La Generalitat anunció que recurrirá el fallo al Supremo.
Triste recorrido
La sentencia de Spanair es el triste broche final de una aerolínea que nunca acabó de remontar el vuelo. Nació en 1986 como iniciativa de la sueca SAS y de los empresarios españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. El 20 de agosto de 2008 sufrió el capítulo más trágico de su historia, cuando el vuelo JK 5022 se estrelló en el aeropuerto de Barajas y murieron 154 personas. El accidente fue la puntilla de la empresa. Aun así, en 2009, instituciones y empresarios catalanes adquirieron el control de la sociedad, con el objetivo de crear una aerolínea catalana que potenciase los vuelos intercontinentales en el aeropuerto de El Prat. La compañía recibió subvenciones por valor de 150 millones entre 2009 y 2012, lo que puso en alerta a Bruselas. Fue precisamente la decisión de la Generalitat de no seguir metiendo dinero a fondo perdido en la empresa y la imposibilidad de encontrar un socio industrial lo que llevó al cierre de la firma, que se veía incapaz de conseguir créditos.
Ahora, el juzgado mercantil número 10 de Barcelona estima que el consejo de administración intervino de manera «directa» en el agravamiento de la insolvencia y da por buena la tesis de la fiscalía, que sostenía que los administradores de la aerolínea retrasaron en exceso la presentación del concurso, pese a conocer la situación de quiebra, lo que fue aún peor.