El juez abre la puerta a acusar a Rato y a Blesa también de fraude fiscal

«Consintieron, aceptaron y propiciaron» que 83 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia —incluidos ellos mismos— dilapidaran 15,5 millones con las tarjetas de crédito B (‘Black’) que disfrutaron entre 2003 y 2012. Esa es la principal acusación que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu hace sobre quienes presidieron la entidad durante ese período, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, …pero no la única.

El instructor del caso Bankia —donde se investiga la fusión que dio lugar al banco y su polémica salida a bolsa— ha abierto la puerta también a imputarles un delito fiscal por el dinero de las tarjetas que la entidad no tributó a Hacienda. Más allá de la responsabilidad individual de cada beneficiario —ninguno superaría la frontera de los 120.000 euros anuales defraudados, por lo que sería castigado en vía administrativa y no penal—, Caja Madrid y luego Bankia habrían dejado de ingresar una media de 575.000 euros anuales, lo que supondría cerca de 2,8 millones en los cinco años que no habrían prescrito.

Esa conclusión, no obstante, dependerá de lo que dictamine en su día la Agencia Tributaria a raíz de las investigaciones abiertas la semana pasada. Otro posible delito a imputarles sería el de falsedad societaria, en la medida que el magistrado sostiene que permitieron que se «contabilizara de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores».

Sin justificación

Y es que Andreu deja claro que, conforme a la documentación aportada por Bankia y otros indicios, la percepción de esas cantidades —que excedieron del concepto retributivo normal— no estuvo justificada «ni contractual ni funcionalmente». «No existía —puntualiza en la resolución donde impone sendas fianzas civiles de 16 y tres millones de euros a Blesa y Rato, quienes las recurrirán— precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado» que avale la disposición de las tarjetas o su uso indebido, ni tampoco «órdenes o decisiones de algún directivo» que lo apoye. De hecho —concluye—, no había «control o supervisión alguna» sobre esos fondos. El ex número dos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, sostiene lo contrario, pero no ha aportado pruebas.

De lo que sí hay constancia, resalta el juez, es de que los dos ex presidentes «incumplieron varias pautas legales» de la entidad dando luz verde a las polémicas tarjetas. Así, pasaron por encima de la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de Madrid (actualizada en 2011), que prohíbe que los miembros de los órganos de gobierno de estas entidades puedan recibir «otras percepciones distintas de las asistencias (dietas) e indemnizaciones (por gastos justificados)».

Como resultado de todo ello, Andreu cree que existen «indicios suficientes» para «entender racional y fundada» la participación de Blesa y Rato en un delito continuado de administración desleal —castigado con hasta cuatro años de cárcel—, en la medida de que habrían «abusado de su cargo», «dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad» y «contraído obligaciones a cargo de ésta que le causaron un perjuicio económicamente evaluable».

Y justamente por la «simple aparición» de esos indicios, y el «mero transcurso del tiempo» en una instrucción «que aún está lejos de cerrarse», el juez ve razones suficientes para asegurar ya su posible responsabilidad pecuniaria.