Solo el 1% de los reclusos españoles están condenados por delitos económicos
. Hay 615 personas en la cárcel por estas prácticas de un total de 64.000 presidiarios .
Las personas en prisión condenadas por delitos económicos no alcanzan ni el 1% (0,96%) del total de la población reclusa. A 1 de octubre de 2014 hay 64.000 personas en las cárceles españolas, de las cuales solo 615 personas lo están por delitos económicos, según explicó ayer viernes la jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria, Caridad Gómez Mourelo, durante la segunda jornada del Congreso de Inspectores de Hacienda que se celebra en Bilbao.
En concreto, esos 615 presos se dividen en 87 condenados por blanqueo, 300 por apropiación indebida, 150 por delitos contra la Hacienda Pública (delitos fiscales), 50 por alzamiento de bienes, 12 por delitos contra la Seguridad Social, 4 por delitos societarios y 12 por contrabando, según enumeró esta inspectora de Hacienda.
Además, Mourelo lamentó que la mayor parte de los casos juzgados por delitos económicos acaben con una condena en el rango inferior de las penas tipificadas. En este sentido destacó que existen tres atenuantes para estos casos: la confesión, reparación de bienes (devolución voluntaria del dinero defraudado) y por dilación indebida en el proceso penal. Esta última opción, según reconoció Mourelo, es la «más habitual».
Dificil sancionar
Por otra parte, Mourelo también hizo referencia a la dificultad de sancionar a las empresas por elusión fiscal, es decir, aprovechar las lagunas en las normas tributarias para pagar menos impuestos de los que realmente le corresponderían mediante las deducciones u otras bonificaciones fiscales.
Uno de los problemas a los que se enfrenta la Agencia Tributaria, ha explicado, es que la práctica de multinacionales como Cemex de deducirse improcedentemente multimillonarias bases negativas (de cerca de 3.000 millones en Cemex) no está tipificada y no puede ser perseguida penalmente, a pesar del perjuicio económico que supone.
Salvador Viada Bardají, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, apuntó que la complejidad de los temas relacionados con el delito fiscal provoca que los procesos se alarguen. Ello permite aplicar el atenuante de dilación indebida.