El final de la renta antigua golpea al pequeño comercio tradicional español

Una parte sustancial de las compras de estas Navidades se habrán realizado en pequeños comercios tradicionales ubicados en los cascos antiguos de las ciudades. Locales que en numerosos casos llevan décadas -algunos más de un siglo- formando parte del paisaje urbano e incluso turístico de esos municipios. Sin embargo, miles de ellos tienen los días contados al no poder hacer frente a la subida de los alquileres. Y es que la llegada del 2015 puso fin a la moratoria de 20 años para los Contratos de Arrendamiento de Renta Antigua, es decir, a aquellos alquileres de pequeños comercios firmados antes de 1985 con un precio muy inferior al del mercado y que ahora deberán actualizarse. Entre 60.000 y 80.000 establecimientos pueden echar el cierre de manera definitiva, lo que supondrían unos 120.000 empleos perdidos, según denuncia la asociación de autónomos UPTA.

La actual polémica tiene raíces muy viejas. Una ley de 1964 establecía la prórroga forzosa y de carácter vitalicio de los alquileres de los locales al precio fijado en esa fecha. Sin embargo, en 1985 el ministro de Economía, Miguel Boyer, modificó la norma para que la referencia fuesen los precios de mercado, aunque la medida no tenía carácter retroactivo. Por tanto, no fue hasta la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 cuando se estableció una moratoria de 20 años para abolir también estas rentas antiguas a los contratos anteriores a 1985. Una prórroga que concluyó este 1 de enero de 2015.

«La entrada en vigor de la nueva Ley supondrá un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo», denuncian desde la Plataforma de Afectados de Contratos de Renta Antigua. En su opinión, los motivos de crisis económica que llevaron al Gobierno a una moratoria en 1994 están vigentes en la actualidad.

«Todos los locales de renta antigua que no llegasen a un acuerdo con los propietarios van a tener que cerrar. Y es una pena que se pierdan», asegura la vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, quien reclama más información para evaluar el alcance del problema. En este sentido, considera imprescindible la necesidad de conocer cuántos comercios exactamente no han llegado a un acuerdo con su arrendador.

Por otra parte, muchos expertos señalan que el fin de la moratoria acaba con el agravio comparativo con otros pequeños comercios que sufrían las mismas dificultades de ingresos y ventas por la crisis pero con un alquiler más alto. «No tiene sentido pensar que unos son los buenos y otros los malos. Lo importante es lograr una solución», explica Ferrero. En su opinión, lo que debería haber existido era un «servicio de mediación» de la administración para arbitrar los nuevos contratos que afectan a los establecimientos de la zona tradicional «donde se confunde el local con la actividad comercial». «Desde un principio no ha habido seguimiento ni información por parte de la administración», critica Ferrero. Por eso lamenta que cualquier medida «llegará tarde para muchos establecimientos».

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, recuerda que el tiempo de los contratos con renta antigua ya ha finalizado y advierte de sus consecuencias. «Eso significa que los propietarios que lo consideren oportuno pueden requerir el desahucio del comercio». Esta asociación de autónomos considera que hace 20 años había unos 200.000 comercios con este tipo de contratos de alquiler, pero en la actualidad estiman que serán unos 60.000. Además, cree que con el fin de la moratoria se pone en riesgo el trabajo de 120.000 personas.