EL ESCÁNDALO DE LAS VISAS BLACK
El juez imputa a los que usaron las tarjetas B de Caja Madrid y Bankia
Las actas del consejo sólo avalan la concesión de las Visa para gastos de empresa
El empresario Arturo Fernández es uno de los imputados por el uso de las tarjetas B.
El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, quiere finalizar la instrucción este año casi recién iniciado y pretende dejar los menos flecos posibles sueltos. Por eso, apenas un día después de conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que le allana el camino para ir a juicio por las llamadas tarjetas B, ayer imputó a todos los beneficiarios -83 las usaron y otros tres no lo hicieron- de esas ‘Visa Black’ emitidas por Caja Madrid y mantenidas en una parte más reducida con Bankia, con las que se dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012.
Quitando las tres personas que considera máximos responsables de este desaguisado presuntamente delictivo -los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el que fuera ‘número dos’ de ambos, Ildefonso Sánchez Barcoj-, que ya declararon como imputados en octubre, el magistrado anticipa su intención de interrogar bajo la misma condición a todos los demás implicados.
Por razones de agenda, no obstante, comenzará con 27 ex consejeros y ex directivos de la caja de ahorros y del banco en una primera ronda, prevista para los próximos días 16, 17 y 18 de febrero. Entre esos nombres destacan dos ex secretarios de Estado, Estanislao Rodríguez Ponga (Hacienda) y José Manuel Fernández Norniella (Comercio), personas de la máxima confianza de Rato. También resaltan dos ex líderes empresariales, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández. Como testigos comparecerán el día 20 cinco personas.
La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reprochó a Miguel Blesa que faltara a la verdad al sostener que las tarjetas B fueron autorizadas por el consejo de la caja madrileña, pues según sus propias actas sólo emitió las Visa para costes «derivados de gastos de viaje y representación, o los ocasionados como consecuencia del ejercicio de sus funciones dentro de la entidad».
Andreu menciona en su resolución alguna de esas actas que dejan poco lugar a dudas. Así, el 24 de mayo de 1988, apenas cuatro meses después de llegar a la presidencia, Terceiro advertía en dicho órgano de que «es preciso dignificar la función de consejero, …cubriendo al menos los costes en que se incurre por el ejercicio de la función», al tiempo que recuerda que las dietas las debe aprobar la asamblea general. El magistrado tiene claro, tras cuatro meses de pesquisas -que condujeron a imponer sendas fianzas por responsabilidad civil de 16 millones de euros a Blesa, y de otros tres millones a Rato- que las tarjetas ‘Black’ se emitieron «fuera del circuito ordinario» de la entidad, y que las cantidades gastadas con ellas «no eran declaradas a Hacienda».