Los ‘cazadores’ del BPA

«Cuando una pequeña institución bancaria abre sus puertas al mundo, asume riesgos mayores de los que puede manejar y pone los beneficios por delante del control de lavado de dinero; los malos actores estarán listos para aprovecharse de ello», advirtió en noviembre pasado Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Supervisión de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), que es el brazo legal del Departamento norteamericano del Tesoro para castigar los crímenes financieros y el impulsor de la actuación contra la Banca Privada D’Andorra -acusada de blanquear capital de las mafias rusa y china, así como de Venezuela y México-, y su filial española, el Banco Madrid, ahora abocado a la liquidación tras su intervención por las entidades reguladoras.

A Calvery le gusta mandar señales con sus acciones. Hacer que sirvan de escarnio público y desalienten a otras entidades a saltarse las estrictas fórmulas de control que su agencia ha instaurado. Cuando dijo esto, acababa de imponer una multa de 300.000 dólares a una caja de ahorros de Florida con apenas cinco empleados, a la que acusó de haber hecho la vista gorda y no ejercer los controles debidos para investigar la identidad de los clientes que le reportaban el 90% de sus ingresos a través de una tercera entidad con la que actuaba de corresponsal.

A pesar de que la institución no presentó un informe de lo que a todas luces era sospechoso, al FinCen no le pasó desapercibido. «¿Por qué operaciones de negocios de todo el mundo elegirían una pequeña caja de ahorros de Florida para cerrar 2.000 millones de dólares en operaciones?», se preguntó Calvery.

En aquel caso, al tratarse de una entidad estadounidense, el FinCen descargó implacable su peso con una multa de 300.000 dólares, que si bien resultó insignificante en comparación a los mil millones que la firma ingresó en 2013, puso en alerta a todas las cajas. Nadie es demasiado pequeño para escapar de su control. De hecho, los expertos en lavado de dinero advierten que ese tipo de operaciones se trasladan cada vez más a bancos pequeños, a medida que las grandes instituciones eliminan franjas enteras de clientes para evitar riesgos. Y precisamente las intervenciones del FinCen valoran el impacto que vaya a tener en los mercados, por lo que son más probables cuanto menos bancos estadounidenses afecte.

En el caso de la Banca Privada D’Andorra, las posibilidades de intervenir del FinCen eran limitadas, porque su ámbito para imponer multas se reduce a las compañías estadounidenses. Por eso su punto de mira fueron las cuatro entidades que tienen cuentas corresponsables con el BPA, a las que dio noticias de la propuesta para impedirles seguir manteniendo operaciones con el banco andorrano. La publicación de esa «preocupación», que vertía serias acusaciones de corrupción sobre BPA sin aportar pruebas que pudieran sostenerse en un tribunal, desató de inmediato una acción en cadena que se hizo sentir no sólo en la cúpula del banco del Principado y en su ‘marca’ española del Banco Madrid, sino sobre toda la banca andorrana y sus filiales españolas, contagiadas por la fuga de capitales.