Auditores y Gobierno se enfrentan por la nueva ley que regulará el sector
El Ministerio de Economía se puso a principios de año el traje de bombero para poner un cortafuego en la auditoría ante casos como Bankia, Pescanova y Gowex que, aunque no extendidos, sí quemaron parte de su prestigio. Pero el problema, según se quejan gran parte de sus miembros y asociaciones representativas, es que para sofocarlos ha puesto en marcha una reforma que ha terminado de incendiar los ánimos.
El Gobierno, en principio, ha seguido los pasos marcados desde Bruselas, pues la génesis del proyecto de Ley de Auditoría es la trasposición de la directiva y el reglamento europeos del sector, aprobados en junio de 2014 y que deberían haber sido incorporados al ordenamiento jurídico español en dos años, es decir, antes del mismo mes de 2016.
Estos plazos justificarían, a priori, las prisas que se ha dado el Ejecutivo por tramitar el texto, tantas que en el sector se quejan de no haber sido apenas consultados. «No hemos participado realmente en su elaboración», lamentaba hace pocas fechas el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España —considerado una especie de patronal del sector y exponente de las grandes empresas—, Mario Alonso. «Nos ha venido dado desde el Ministerio y no está respaldado por los profesionales», añadía.
El regulador de estos supervisores de las cuentas empresariales y dependiente de Economía-, su presidenta, Ana María Martínez-Pina, ha tratado de justificarse: «es cierto que el proceso ha sido rápido, pero no teníamos más remedio». «Hay elecciones a finales de año, las Cortes se cerrarán antes y no podemos retrasarnos ante Europa», se justificaba.
El problema añadido es que el Gobierno ha querido dar una vuelta de tuerca más que la Comisión Europea al sector español, aprovechando algunos fiascos sonados a la hora de analizar las cuentas de bancos luego quebrados o empresas —algunas cotizadas en el MAB— que revelaron agujeros inesperados. «Han existido problemas y queremos evitarlos a futuro», decía el ministro Luis de Guindos en febrero, al tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba este discutido proyecto de ley.